Resistencia. Fracasó la audiencia de conciliación convocada este martes por el juez Civil y Comercial Nº21, Julián Flores, en el marco de la medida cautelar que suspendió los pases a planta, bonificaciones y designaciones en la administración pública.
Ahora, resta aguardar el fallo del juez Flores en relación al amparo. Se estima que será entre esta semana y la próxima.
Una vez más, el intento por crear una comisión revisora de los pases a planta en la Administración Pública provincial fracasó.
Este martes, la audiencia de conciliación convocada por el juez Civil y Comercial N°21, Julián Flores, se dio por caída ya que el representante del Estado provincial no estuvo de acuerdo en que el gobierno participe de una mesa de revisión conformada con representantes del gobierno entrante.
De la reunión participaron el representante de la Fiscalía de Estado, Nicolás Umansky y los apoderados legales del Frente Chaqueño, Jorge Alcántara y Gerardo Stancheff.
“El representante del Estado no recibió instrucciones y manifestó la voluntad del Ejecutivo de no llegar a una conciliación y de no sentarse a analizar caso por caso los pases a planta”, comentó el juez Flores.
“Ahora resta agregar un decreto que está faltando al expediente y luego de eso dictar sentencia que considero ocurrirá en los próximos cinco o siete días”, añadió el magistrado.
Cabe recordar que el miércoles de la semana pasada, el juez Flores hizo lugar a una medida cautelar que ordenó frenar por 45 días el alcance de los decretos firmados entre el 10 de septiembre y el 5 de octubre hasta tanto asuma el nuevo gobierno. Además de suspender bonificaciones, promociones y designaciones, se paralizó el pase a planta de unas mil personas.
En sus fundamentos, Flores indicó que “de corroborarse los presupuestos esgrimidos por el accionante en relación a los Decretos en crisis, la hipótesis de haberse designado mas de mil pases a planta de personal en forma definitiva, sin concurso interno para los ascensos (que respete la carrera administrativa de los empleados públicos), ni tampoco concurso abierto para los nuevos cargos creados, no sólo compromete las finanzas provinciales, sino que al mismo tiempo viola el derecho de todo ciudadano de acceder a los cargos públicos mediante la única forma de garantizar la igualdad real de oportunidades: el concurso público”.
