Resistencia. Revelaron que “en diez meses el gobierno provincial recibió más dinero que históricamente han recibido las gestiones antecesoras”.
Durante la conferencia de prensa llevada a cabo hoy en el Comite Provincial de la UCR por parte de los máximos dirigentes del Movimiento interno Somos Parte, para tratar la distribución de los fondos correspondientes al empréstito otorgado al Gobierno provincial por $4.000 millones de acuerdo con la Ley Nº 7782, el diputado Roy Nikisch en la apertura de las exposiciones aseguró que “desde la época del gobernador Florencio Tenev, en diez meses este Gobierno recibió más dinero que históricamente han recibido las gestiones antecesoras. En total la Caja del Tesoro provincial recibió $ 5.400 millones, si le sumamos la devolución de la retención del 15% de la Coparticipación Federal, que es por un monto de $1.400 millones”.
Participaron de la conferencia de prensa los diputados Claudia González, Roy Nikisch, los Intendentes de Barranqueras, Alicia Azula, y de Presidencia Roque Sáenz Peña, Gerardo Cipolini, y el Coordinador de Desarrollo Social de la Nación y presidente de la Convención provincial de la UCR, Bruno Cipolini, quienes centraron sus exposiciones en “el incumplimiento de lo consensuado con el gobernador” con respecto al destino de los fondos de la Ley 7782 que “en total significo $ 4000 millones para aliviar la Caja del Gobierno Provincial, de cuyo monto se determinó $1.800 millones para pagar la deuda judicial en forma inmediata y en efectivo, pero luego el Ejecutivo dicto un decreto reglamentario estableciendo el modo y forma de pago de estas demandas que va en contra de la Ley N° 7782”.
Cuestionaron asimismo, la metodología de aplicación de los $ 850.000.000 para financiar obras públicas a ejecutar en los municipios, lo que era una asistencia de libre disponibilidad ahora “el Gobierno los quiere convertirlos en créditos”.
También se habló sobre los $150 millones previstos para construir viviendas a las comunidades indígenas que “hasta ahora no tenemos conocimiento que se haya instrumentado alguna medida para su concreción”.
Finalmente cuestionaron la “condonación de deuda que el Gobierno quiere hacer a la empresa SAMEEP. Están premiando a una mala gestión con plata de todos los chaqueños”, enfatizaron.
Explicación en detalle
Ley 7782 que autorizó al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos por hasta la suma de $ 4.000.000.000. Aprobamos la misma con el objetivo de que sirva para aliviar la Caja del Gobierno Provincial, de cuyo monto se determinó: $1.800 millones para el pago de sentencias judiciales contra el Estado Provincial.
Expresamos la disconformidad por la modalidad en que el Gobierno provincial pretende llevar adelante la cancelación de las obligaciones emergentes de las sentencias judiciales originadas en la Acordada 858/91 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco.
Quienes acompañamos la aprobación de esta ley lo hacíamos para darle una herramienta al Gobierno con el objetivo que resuelva en forma definitiva e inmediata estas demandas y no para que las cancele en el tiempo. El Ejecutivo provincial pone su propia y personal voluntad interpretativa en la reglamentación de esta ley, no considerando y dejando de lado la voluntad de los legisladores que era la cancelación total e inmediata de las sentencias judiciales.
Aquí se ve muy claro que la intención del Gobierno es desviar dinero para otras cuestiones haciendo caso omiso a lo que la ley 7782 manda y lo hace a través de un ardid.
Para atender la demanda de los judiciales el Ejecutivo cuenta con 1800 millones de pesos por la Ley 7782, más 200 millones que se asignó al presupuesto de este año para atender específicamente esta cuestión, lo que hace un total de 2000 millones de pesos y la panilla actualizada de los reclamos de los judiciales ronda los 1800 millones de pesos. Por lo tanto el Gobierno cuenta con los recursos suficientes para afrontar estos pagos en efectivo y en forma inmediata.
– $200.000.000 para afrontar el pago de deudas que el Estado Provincial tenga con Municipios de la Provincia. En los consensos oportunamente alcanzados con el Poder Ejecutivo provincial para la aprobación de la ley de autorización para contraer empréstitos por $4.000 millones, comprendía a los municipios de la provincia para que el Estado provincial pueda saldar deudas que mantenga con estos. Al momento de la votación el bloque oficialista cambia la redacción por “ …..las deudas judiciales firmes y consentidas que el Estado Provincial tenga con Municipios” esto limita la posibilidad de que los municipios cobren sus acreencias ya que son muy pocos los que han entablado juicio con el Estado provincial.
– $850.000.000 para financiar obras públicas a ejecutar en los municipios. El Gobierno, lo que era una asistencia de libre disponibilidad para financiar obras por los municipios, lo transformo en créditos.
– $150.000.000 para el financiamiento de obras públicas destinadas a los pueblos originarios. Hasta el momento se desconoce su instrumentación.
