Resistencia. Las lecturas políticas de lo sucedido en el Senado son distintas, a la luz de la pertenencia partidaria. Para el radical Zimmermann «el proceso de Lijo y García-Mansilla fue transparente y ejemplar», pero para la justicialista ultra K Pilatti Vergara «el Senado dio una respuesta tardía pero saludable».
Víctor Zimmermann (UCR) consideró que la jornada fue ejemplar: «Pudimos cumplir con los mecanismos y el procedimiento que establece la Constitución». «El proceso se hizo a la luz del día con una enorme participación de la sociedad civil y de todos los sectores en el mecanismo constitucional. Hubo otro caso antes como el de un juez de primera instancia de Córdoba, por ejemplo, que en el 2012 tampoco recibió el aval del Senado Son los mecanismos institucionales y de la división de poderes, así que me parece que fue un día muy importante», insistió.
Para el senador la confrontación que generó la votación entre referentes los políticos es un gran problema que hizo mucho daño en la Argentina: «Hay que cambiar eso», dice. Y agrega que no tiene nada que ver con el mecanismo institucional que se ha hecho con «absoluta transparencia» en el Senado.
Finalmente reflexionó respecto a los que dieron quórum, señaló que las negociaciones son válidas y forman parte del comportamiento en el poder legislativo. Y sobre cuestionamientos de inconstitucionalidad del decreto que designó a los jueces, también indica que no es la competencia del Senado, sino judicial.
La visión kirchnerista
La ultra kirchnerista – cristinista, la senadora María Inés Pilatti Vergara hizo referencia tanto el acuerdo para Lijo como el de García-Mansilla, «es un límite al abuso de poder y al desmanejo institucional, que caracteriza la gestión de Milei», definió.
La legisladora consideró que «ante un gobierno que desprecia desde el primer día de su gestión, las normas más elementales de la República, esta reacción del Senado fue tardía, pero saludable al fin».
Pilatti Vergara rechaza el proceso por el que ingresaron en el Congreso las postulaciones a la Corte. «No existe ninguna norma en nuestro sistema jurídico, que avale estas designaciones de la manera en que las llevó adelante el Presidente».
El punto central del cuestionamiento es que el mandatario no puede designar a un juez de la Corte, como se designa a un ministro o a un empleado del Poder Ejecutivo.
«El Senado no podía consentir un abuso extremo, por más aprietes, por más extorsiones o amenazas que hubieren, los senadores también deben asumir su responsabilidad institucional y actuar en consecuencia como lo hicieron ayer, o irse a su casa», enfatizó.
