Por Adriana De Langhe (*)
El caso de los médicos cordobeses agredidos en Taco Pozo no es solo una causa penal. Es el retrato de un Estado que, cuando tuvo que dar la cara, eligió el silencio.
Hay gestos que definen a una comunidad. Uno de ellos es el de un grupo de médicos, enfermeros y estudiantes que, desde hace más de diez años, recorre más de mil kilómetros para atender gratis a las familias de Taco Pozo, en el extremo noroeste del Chaco. Llegan con medicamentos, con instrumental, con tiempo. Llegan donde el sistema de salud muchas veces no llega. Y se van sin cobrar nada.
El domingo 17 de agosto de 2025, ese gesto fue respondido con violencia. Según la acusación de la Fiscalía Penal Especial en Derechos Humanos, cuando los profesionales de la fundación «Todo por Todos» se preparaban para regresar a Córdoba, el entonces jefe de la comisaría local, el comisario principal Daniel Augusto Melchiori, vestido de civil y en su auto particular, les cerró el paso y golpeó a puño cerrado al conductor, Exequiel Margonari. Cuatro policías presenciaron la escena y no intervinieron. Horas después, cuando los médicos fueron a la comisaría a pedir explicaciones, una de ellas, la doctora María Candelaria García Nebbia, quedó detenida sin orden judicial, sin registro y sin control médico. Para justificarlo, se labró un informe oficial que la propia jueza de Paz del pueblo desmintió bajo juramento.
Eso es lo que hoy se juzga ante la Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, y será la Justicia quien dicte la última palabra sobre las responsabilidades penales. Pero hay algo que no necesita sentencia para quedar expuesto: la conducta del Estado provincial frente a lo ocurrido.
El silencio como respuesta
Pasaron más de catorce meses. En todo ese tiempo, los médicos no recibieron una sola comunicación institucional de la Provincia del Chaco. Ni una disculpa, ni un llamado, ni una nota. Ninguna autoridad se tomó el trabajo de decirles a quienes vinieron a cuidar la salud de nuestra gente que lo que les pasó no representa a los chaqueños.
Peor aún: el apartamiento del comisario de Taco Pozo no nació de una decisión propia de la Policía del Chaco, sino que llegó después de la intervención de las autoridades de seguridad de Córdoba. Y lejos de una sanción ejemplar, el funcionario acusado sigue en actividad, hoy prestando servicio en Sáenz Peña. Mientras tanto, la máxima autoridad policial de la provincia salió públicamente a defenderlo.
Cuando una institución calla frente al abuso, no es neutral. Elige un lado. Y el lado que eligió no fue el de las víctimas.
Lo que está en juego son derechos, no favores
Nuestra Constitución Nacional es clara. Su artículo 18 establece que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, y desterró para siempre toda forma de tormento. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, protege la integridad física, psíquica y moral de toda persona, y prohíbe la privación arbitraria de la libertad. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud.
Estas no son declaraciones de buena voluntad. Son obligaciones del Estado. Y el Estado tiene un deber reforzado cuando quien vulnera esos derechos es uno de sus propios agentes, con uniforme o sin él, en ejercicio de una autoridad que la sociedad le confió para protegernos.
El daño que no se ve
Los golpes dejan marcas que sanan. Lo que no sana tan rápido es la herida en la confianza. Los médicos vivieron la humillación de ser tratados como delincuentes en el mismo pueblo al que dedicaron años de trabajo solidario. Vivieron el miedo, la impotencia y, después, la indiferencia oficial, que es otra forma de agravio.
Hoy me toca transmitir su indignación, y también una pregunta que se hacen con todo derecho: ¿vale la pena volver? ¿Qué garantías tienen quienes quieran seguir trayendo salud a comunidades que la necesitan, si el Estado no es capaz siquiera de reconocer lo que les pasó?
Esa pregunta debería quitarle el sueño a cualquier funcionario. Porque el perjuicio no termina en los médicos agredidos. Lo pagan las familias de Taco Pozo y de tantos pueblos del interior que dependen de la solidaridad para acceder a una consulta, a un control, a un diagnóstico a tiempo. Cada profesional que decide no volver es un paciente que se queda sin atención. Lo que se lesionó aquel domingo no fue solo la libertad y la integridad de unas personas: fue el derecho a la salud de toda una comunidad.
Lo que el Chaco todavía puede hacer
La Justicia hará su parte. Pero el Estado no puede delegar en un tribunal lo que le corresponde como deber político y moral. Todavía está a tiempo de reconocer públicamente el daño causado, de ofrecer una disculpa institucional a los profesionales, de garantizar que quien está acusado de semejantes hechos no ejerza funciones de mando mientras se lo juzga, y de revisar los mecanismos que permitieron que las denuncias de los vecinos se acumularan sin respuesta durante tanto tiempo.
Una provincia se mide por cómo trata a quienes llegan a ayudar. Los médicos de «Todo por Todos» nos dieron durante años lo mejor de sí. Lo mínimo que les debemos es no darles la espalda.
El silencio también es una forma de violencia. Es hora de que el Chaco hable.
(*) Dra. Adriana Gisela De Langhe
Abogada querellante, junto a la Dra. Fiorella De Langhe, en representación de la fundación «Todo por Todos»
