Buenos Aires. Por ley quiere que sea obligatorio el acto simbólico de la entrega de mando y dispone que quien abandona el poder entregue a su sucesor una «memoria del Estado» sobre la situación en que deja la administración.
Un proyecto de ley para regular los procesos de transición de un gobierno a otro, que fija como obligatorio el acto simbólico de la entrega de mando y dispone que quien abandona el poder entregue a su sucesor una «memoria del Estado» sobre la situación en que deja la administración, será debatido esta semana en comisión en el Senado por iniciativa de Cambiemos.
La propuesta del senador del oficialismo Esteban Bullrich, que tiene su correlato en proyectos de características parecidas presentados por sus pares del PJ Mario Pais y Dalmacio Mera, o de Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, abrirá el debate el próximo miércoles en la comisión de Asuntos Constitucionales que conduce Mera.
En sus fundamentos, Bullrich explica que la idea es «favorecer una transición pacífica, ordenada, eficiente y transparente», y que las nuevas autoridades de un gobierno asuman «sin obstáculos desde el primer momento, con la información propicia, a fines de que la gobernabilidad no se vea afectada, y que ello repercuta en un detrimento de los ciudadanos».
En su artículo octavo, la iniciativa a la que accedió Télam establece la obligación a cada ministro del gobierno saliente a presentar en un plazo no mayor a los seis meses desde la proclamación de los ganadores una «memoria del Estado» que detalle la situación en la que se traspasa cada repartición.
El anteproyecto deberá ser entregado al presidente electo y al Congreso de la Nación.
En el listado de tareas que deberán reportar los funcionarios figuran la nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, incluyendo consultores, pasantes y personal contratado en el marco de proyectos financiados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones y posición en el escalafón.
También deberán describir la situación financiera de cada uno de los ministerios, instituciones, empresas, entes y auditorías realizadas. Además de los procesos judiciales en los que cada organismo sea parte; contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas, adquisiciones de bienes y servicios que estén en curso o pendientes, especificando objetivos, características, montos y proveedores.
Los funcionarios estarán obligados por ley a entregar un inventario de bienes, depósitos, disponibilidades financieras y obligaciones exigibles, y las normas propias del organismo vigentes al momento de la transición; los permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas, y una descripción de los servicios que el organismo brinda directamente al público.
La norma tiene por objeto regular el período de transición del gobierno, que se inicia, según se indica, el día de proclamación de la fórmula presidencial ganadora por la Asamblea legislativa, y finaliza el día de la asunción presidencial del nuevo mandatario.
La propuesta comprende a la administración central, a los organismos descentralizados, las instituciones de la Seguridad Social, las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de Economía Mixta, y todas aquellas en las cuales el Estado tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, a los fondos fiduciarios y a los bancos estatales.
Será la Jefatura de Gabinete la encargada de coordinar las acciones de transición y la convocatoria a los representantes del gobierno saliente y del gobierno electo a las reuniones que ambas partes crean necesarias para facilitar la transición, agrega el texto.
En la iniciativa se advierte que se establecerán responsabilidades «administrativas, patrimoniales o penales para los casos de incumplimiento de los funcionarios obligados a brindar esta información a los responsables de la transición designados por el presidente electo».
También sostiene el proyecto en uno de sus artículos que será obligatorio «velar por el cumplimiento de todos los actos simbólicos de entrega de mando de conformidad con los usos, costumbres y protocolo vigentes», en un apartado que parece destinado a evitar lo ocurrido durante la asunción del presidente Mauricio Macri cuando la entonces mandataria, Cristina Kirchner, se negó a traspasarle el mando.
