Enrique Urien. El fiscal Federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, reveló que en el allanamiento realizado el lunes se encontraron ocho facturas y una fotocopia de las 13 que Gendarmería tenía la orden de secuestrar.
La medida se llevó a cabo en el marco de la causa donde se investigan presuntas irregularidades en la ejecución y entrega de viviendas sociales en Enrique Urien y que tiene como única imputada a la intendenta de la localidad, Liliana Pascua.
Gendarmería Nacional secuestró el lunes ocho facturas y una fotocopia de otra en el allanamiento que realizó en el edificio municipal de Enrique Urien. Fue a pedido del juez Federal, Fernando Carbajal, a solicitud del fiscal, Carlos Amad, en el marco de la causa donde se investigan presuntas irregularidades en la ejecución y entrega de viviendas sociales en Enrique Urien y que tiene como única imputada a la intendenta de la localidad, Liliana Pascua.
El fiscal Amad comentó que al principio del operativo el personal administrativo del municipio se mostró evasivo en la entrega de la documentación.
“La orden de allanamiento incluía 13 facturas. Se encontraron algunas. La Gendarmería me comentó que, al ingresar, ellos decían que no las tenían, pero luego encontraron cuatro. Después aparecieron cuatro más y una fotocopia. Ahora vamos a analizarlas a ver qué es lo que tienen”, indicó.
Tras el allanamiento, la intendenta Pascua salió a hablar en los medios locales. “A pesar de todo el circo montado alrededor de este operativo, que es rutinario, nos pusimos desde el minuto cero a disposición de la justica”, dijo en declaraciones al portal Gente de Pueblo.
“Estoy con la conciencia tranquila, porque mi pueblo sabe quién soy y que vivo gestionando para que cada habitante de esta comunidad tenga mejores condiciones de vida y eso va mucho más allá de las acusaciones infundadas y maliciosas”, añadió.
Cabe recordar que Pascua está imputada por la fiscalía por malversación de caudales públicos, en concurso real, con enriquecimiento ilícito; fraude en perjuicio de la Administración Pública; lavado de dinero y evasión agravada por la conformación de facturas apócrifas.
El caso nació tras una denuncia presentada ante la justicia Federal por el diputado radical, Alejandro Aradas, en octubre del año pasado. Tomando como base una publicación del portal de noticias Infoqom, Aradas recordó que en 2013 el gobernador, Jorge Capitanich, anunció la construcción de 10 viviendas para el paraje La Viruela, que fue desbastado por un tornado. Pero la intendenta Pascua decidió relocalizar las mismas para construirlas en el ejido de Urien y finalmente fueron entregadas en 2016.
Esas viviendas, sostiene la denuncia, que estaban destinadas a familias indígenas vulnerables, terminaron siendo ocupadas en su gran mayoría por familiares, amigos e inclusive por la propia Pascua. Los allegados beneficiados de manera presuntamente irregular fueron su cuñado, un tío, su madre y la expresidenta del Concejo Deliberante, muy cercana a Pascua.
No sólo eso: varias construcciones fueron edificadas de manera que no se ajustan a lo normado en dicho plan ya que difieren sustancialmente con las características austeras. “Sin ir más lejos, la habitada por Pascua es de dos pisos lo que evidencia las profundas divergencias que existen con el plan que las motivó”, remarca.
Propiedad
Por otra parte, en la denuncia de Aradas se menciona una casona ubicada en Villa Ángela cuya propiedad es también de la jefa comunal. La misma tiene una superficie de 400 metros cuadrados y está valuada estimativamente en más de 30 millones de pesos.
“Atento ello la pregunta que nos cabe es: ¿Cómo la intendenta en un municipio de tercera categoría como es Enrique Urien puede costear, primeramente, la compra del terreno en el año 2016 y posteriormente a ello la fastuosa construcción emplazada en un corto plazo, teniendo un ingreso aproximado hoy en día de noventa mil pesos mensuales?”, se preguntó Aradas en su acusación.
El diputado fue más allá y amplió la denuncia con la declaración de Bruno Emanuel Ayala. Ayala le relató que existían facturas a su nombre por trabajos de gran envergadura supuestamente realizados al municipio de Enrique Urien, pero que él asegura nunca haber realizado. En este sentido, Aradas presentó copias simples de diez facturas que serían apócrifas las cuales van desde la numeración 0001-00000001 a la 0001-00000013, y que en total suman $457.196.
También acercó a la justicia el testimonio de Fabián Paulino Domínguez, exsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Enrique Urien, en el periodo que comprende desde el 20 de marzo de 2014 al 15 del mes de enero del año 2015. Domínguez presentó su renuncia ante las presuntas irregularidades que se venían desarrollando en el municipio.
Asimismo, indicó que existe una cooperativa llamada “El Constructor” y el responsable adujo que nunca había realizado obra alguna en la localidad. Sin embargo, existen facturas por más dos millones de pesos.
“Por otro lado, hay deudas en corralones de la localidad de Villa Ángela, como ser: BRACAMONTE por $300.000, de materiales que nadie sabe adónde fueron a parar, pero seguro que las obras no, ya que las mismas se encuentran paradas y, de no ser así, cada una recibe los recursos por otras vías. A otro comercio llamado Hierros Kennedy, también de Villa Ángela, se le adeuda más de $50.000 materiales que tuvo como destino a un Hípico y un Campo de Doma, ubicado uno al lado del cementerio local y el otro a 400 metros al norte del municipio, y ninguno cuenta con proyecto que avalen esa inversión”, agregó Aradas en su denuncia.
