Sáenz Peña. El cuñado del abogado militante Caíto Olivieri, Cristian Arana, desobedeció a una instancia superior y dejó demostrado que hay «mandato político» para poner a salvo a los procesados por estafa Graciela Aranda, Miguel Ramos y Luis Vargas.
La Cámara convalido la negación del Juzgado de Garantías sobre el sobreseimiento pedido por el fiscal peronista para sus compañeros de militancia. La Cámara remitió nuevamente el expediente y pidió a Arana que produzca pruebas a fin de encaminar la solicitud del juicio correspondiente para los gremialistas del Sindicato de Judiciales y La Bancaria de Sáenz Peña. Sin embargo, sin más, Arana que es fiscal provisorio se negó a producir las pruebas y le devolvió el expediente a la Cámara, desobedeciendo así la orden.
Es evidente, y penosamente bochornoso, que en esta Justicia que nadie quiere el fiscal Arana recibe ordenes políticas de custodiar a peronistas procesados. Cabe recordar que Graciela Aranda, Miguel Ramos y Luis Vargas, que están acusados de estafar a 100 familias.
La nueva acción de Arana es otra muestra respecto a que la causa judicial, que lleva seis años de litigio, está estancada, adormecida, escondida por las manos que administran el Poder real de la Justicia en el Chaco, que funciona como un ministerio más del Poder Ejecutivo de turno.
Hay quienes se preguntan si el Colegio de Abogados de Sáenz Peña debería opinar sobre el tema ante el perjuicio que la mala intención del fiscal «peronista» pretende ocasionar a los abogados que se vieron estafados, a no ser que «alguien» le de órdenes al Colegio sobre qué opinar y cuando no hacerlo.
Arana es fiscal provisorio (sin rendir, solo por acciones políticas) gracias al lobby de su cuñado, el siempre activo y vigente operador del PJ Caito Olivieri, por lo que algunos creen que la Procuración debiera observar este hecho antes de confirmarlo el día de mañana a Arana y perpetuarlo en la Fiscalía.
