Sáenz Peña. Según se sabe por trascendidos las diligencias se dan en el marco de la escandalosa causa donde el Municipio denunció a la Bolsa de Comercio. La AFIP-ARCA y la Policía Federal desde temprano está instalada en la casa del funcionario municipal más complicado en la investigación.
Este martes por la mañana, fuentes judiciales confirmaron que el gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, declararía como testigo en la causa que tiene denuncias cruzadas entre la institución bursátil y la Municipalidad de Sáenz Peña, donde se investiga posibles operatorias irregulares que perjudicaron a la comuna.
En paralelo, la AFIP-ARCA y la Policía Federal realizaron un allanamiento en la sede de la Bolsa, ubicada en el séptimo piso del edificio de Frondizi 147, en Resistencia, en busca de documentación y respaldos electrónicos vinculados a operaciones con cheques. Así también en el Peaje de Makalle demoraron a Julio Barrios Cima para secuestrarle el celular.
Por otra parte, las actuaciones realizadas de manera simultanea involucraron la sede del Municipio saenzpeñense y la casa familiar del contador Diego Landriscina ubicada en el barrio San Martín sobre calle 41 entre 6 y 8.
De acuerdo con los testimonios y documentos que hoy analizan los investigadores, el foco está puesto en presuntas maniobras con cheques en el segmento no garantizado o avalado. Una hipótesis es que la Bolsa podría haber omitido controles evaluación de riesgos al aceptar operaciones de una empresa o persona que no habrían reunido las condiciones para operar. Esa supuesta falla, señalan, habría expuesto a inversores institucionales y a organismos públicos.
Desde la Bolsa, en cambio, se alega que las operatorias están dentro de los marcos legales correspondientes, incluso aquellas que tienen niveles de riesgo superiores pero que, a cambio, ofrecen también mayores rentabilidades.
En cambio, los acusadores afirman que no se consideró el perfil de riesgo de quienes buscaban financiamiento y que esa omisión impactó de lleno en la protección de los inversores. Aseguran que el Municipio sería apenas uno de los alrededor de cincuenta damnificados por un circuito que también habría alcanzado a consejos y colegios profesionales, entre otras entidades.
Otra línea de la pesquisa apunta a las comisiones percibidas en estas operaciones. Se investiga cuánto se cobró a clientes por cheques que luego cayeron en incumplimiento y bajo qué modalidad se abonaron comisiones, un punto que, de comprobarse, podría encuadrar como cohecho. En este punto el más complicado es Diego Landriscina, que se encuentra de licencia como secretario de Gobierno, y fue expuesto por el Peronismo que se abroquela detrás de esta historia pretendiendo una chance mediante la reprobación social, ya que en las urnas hace décadas recibe la espalda del pueblo.
Hay sospechas en los investigadores que varios asesores que serán investigados podrían mantener lazos con autoridades de la Bolsa, lo que, de confirmarse, sumaría un conflicto de interés a la trama.
Diario Norte expone hoy que fuentes consultadas señalan la existencia de 49 inversores institucionales que optaron por no iniciar reclamos y evitar la exposición pública, un dato que, sostienen, explica el reciente cambio de estrategia legal de la entidad.
