Por Germán Oestmann
La fortaleza de una democracia se mide por su capacidad de respetar las reglas, incluso en contextos de tensión política, económica o social.
Uno de los pilares fundamentales de toda república democrática es la sujeción de los gobernantes a la ley. El Estado de derecho no se construye únicamente sobre la existencia de normas jurídicas, sino sobre la obligación efectiva de todos los poderes públicos de cumplirlas y hacerlas cumplir.
Por esta razón, cuando una ley sancionada por el Congreso de la Nación, promulgada y vigente, deja de aplicarse por decisión del Poder Ejecutivo, la discusión trasciende el contenido específico de esa norma y se convierte en un problema institucional de enorme gravedad.
La Constitución Nacional Argentina diseñó un sistema basado en la división de poderes. El Poder Legislativo tiene la función de sancionar las leyes; el Poder Ejecutivo, la responsabilidad de reglamentarlas y ejecutarlas; y el Poder Judicial, la tarea de controlar su cumplimiento y resolver los conflictos que surjan en torno de ellas.
Este esquema no constituye una simple organización administrativa, sino una garantía esencial destinada a evitar la concentración del poder y a proteger los derechos de los ciudadanos.
La negativa a ejecutar una ley vigente introduce un problema institucional.
Dentro de ese sistema, el presidente de la Nación posee la facultad constitucional de vetar leyes sancionadas por el Congreso. Sin embargo, la propia Constitución prevé que dicho veto pueda ser rechazado por una mayoría agravada de ambas cámaras legislativas.
Cuando ello ocurre, prevalece la voluntad del Congreso y la ley adquiere plena vigencia. A partir de ese momento, el Poder Ejecutivo ya no se encuentra frente a una decisión política susceptible de debate, sino ante un mandato legal que tiene el deber constitucional de cumplir.
La negativa a ejecutar una ley vigente introduce un problema de enorme trascendencia institucional.
En primer lugar, implica desconocer la voluntad expresada por los representantes del pueblo y de las provincias a través del Congreso de la Nación.
En segundo término, altera el equilibrio republicano al permitir que uno de los poderes del Estado se arrogue la facultad de decidir qué leyes cumple y cuáles no. Finalmente, genera un precedente peligroso para la seguridad jurídica.
La seguridad jurídica constituye uno de los bienes más valiosos de todo sistema democrático. Los ciudadanos, las empresas, las instituciones y los propios organismos públicos organizan sus conductas sobre la base de normas que se presumen válidas y obligatorias.
Si el cumplimiento de las leyes queda sujeto a la voluntad circunstancial del gobierno de turno, desaparece la previsibilidad que caracteriza a un Estado de derecho y se instala una lógica de arbitrariedad incompatible con el orden constitucional.
Aceptar que el Poder Ejecutivo puede dejar de aplicar una ley por considerar que su cumplimiento afecta determinados objetivos de gobierno, tales como metas económicas o fiscales, significaría admitir que las decisiones políticas pueden ubicarse por encima de las decisiones legislativas.
Sin embargo, en un sistema republicano la conveniencia política no puede reemplazar la obligatoriedad jurídica. Las leyes pueden ser modificadas, derogadas o cuestionadas judicialmente, pero, mientras se encuentren vigentes, deben ser cumplidas.
Cuando se relativiza la supremacía de la ley, se debilita la confianza en las instituciones y se erosiona la democracia.
La gravedad institucional de esta situación se vuelve aún más evidente cuando la norma involucrada regula derechos fundamentales. En el caso de la educación superior, la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional reconocen el derecho a la educación y establecen obligaciones concretas para el Estado en materia de acceso, igualdad de oportunidades y financiamiento.
Por ello, la falta de ejecución de una ley destinada a garantizar esos derechos no solo plantea un conflicto de competencias entre poderes, sino también una afectación de derechos especialmente protegidos por el orden constitucional.
Desde una perspectiva jurídica, la falta de ejecución de una ley vigente puede generar responsabilidad institucional. Cuando la Administración incumple obligaciones establecidas por la ley, los ciudadanos y las instituciones afectadas cuentan con herramientas judiciales para exigir su cumplimiento.
Las acciones de amparo, las medidas cautelares y los procesos contencioso-administrativos constituyen mecanismos de tutela judicial que permiten evitar que el incumplimiento de las obligaciones legales vacíe de contenido las normas aprobadas por el sistema democrático.
No se trata de una discusión partidaria ni ideológica. La cuestión central es determinar si las leyes continúan siendo obligatorias para todos los poderes del Estado o si algunos de ellos pueden decidir unilateralmente cuándo aplicarlas.
La respuesta que ofrece el constitucionalismo argentino es clara: ningún poder está por encima de la ley. La división de poderes pierde sentido si uno de ellos puede desconocer las decisiones adoptadas por los otros dentro de las competencias que la Constitución les asigna.
La historia institucional argentina demuestra que los períodos de mayor estabilidad democrática han sido aquellos en los que las reglas fueron respetadas, incluso cuando resultaban incómodas para quienes ejercían el poder. Por el contrario, cuando se relativiza la supremacía de la ley en función de circunstancias coyunturales, se debilita la confianza social en las instituciones y se erosiona la calidad democrática.
Por ello, el debate no debe centrarse únicamente en el contenido de una ley determinada, sino en la vigencia misma del principio de legalidad. Una república no puede sostenerse sobre normas que se cumplen selectivamente. El Estado de derecho exige que las leyes sean obligatorias para los ciudadanos, pero también —y sobre todo— para quienes gobiernan.
La fortaleza de una democracia se mide por su capacidad de respetar las reglas, incluso en contextos de tensión política, económica o social.
Cuando una ley vigente deja de aplicarse por decisión de quien tiene la obligación constitucional de ejecutarla, lo que se pone en discusión no es solo una política pública específica, sino uno de los fundamentos esenciales de la organización republicana: la supremacía de la ley sobre las voluntades individuales.
