Resistencia. En el marco de la causa judicial Lavado II los alegatos del fiscal Federico Carniel se extendieron por más de una semana. Acusó a los imputados de «desprecio habitual» por el manejo de los recursos del Estado. Las audiencias retomarán en febrero de 2024.
Los fiscales generales Federico Carniel, Carlos Gonella e Indiana Garzón continuaron este martes con la etapa de alegatos en el juicio contra la exintendente de Resistencia, Aída Ayala, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y otras 15 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo. El juicio retomará el 8 de febrero de 2024.
En esta última jornada, Carniel desarrolló su alegato por más de dos horas y entre sus definiciones apuntó que si PIMP S.A. empezó a tener perjuicio económico -tal como alegaron empresarios durante el juicio- «no fue durante la intendencia de Aída Ayala, porque durante la gestión de Ayala se pagó ese contrato irregular».
Para el fiscal, Ayala «era la garantía de ellos iban a cobrar» y que esta red contó con un «actor fundamental» que «hizo presión para que no se dé de baja este contrato, que era la actitud beligerante del líder del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo». Esto respondiendo a la continuidad del contrato entre la Municipalidad y la empresa cuestionada posterior a la gestión de Aída.
De hecho, Carniel recordó que cuando Jorge Capitanich, entonces intendente de la capital chaqueña, anunció la suspensión del contrato con PIMP, Sampayo «empieza a estimular la quita de colaboración por parte de los empleados municipales en la recolección de residuos. Fueron días sin recolección de residuos y movilización kilométricas por las calles de la ciudad. Esta no es una presión menor».
En sus argumentos, los fiscales señalaron que Ayala y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, fueron los ideólogos de una organización ilícita que se apropió de recursos públicos para luego blanquearlos mediante diversas maniobras.
La causa, conocida como «Lavado II» o «PIMP», busca determinar si se conformó una organización ilícita para favorecer a la empresa PIMP S.A.,con la licitación para el servicio de recolección de residuos en Resistencia. El debate, que inició el 18 de septiembre, incluyó el testimonio de 62 testigos y múltiples pruebas documentales.
Los imputados enfrentan cargos que incluyen asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes y lavado de activos agravado.
Federico Carniel destacó que entre 2014 y 2018 operó una organización criminal dentro de la Municipalidad de Resistencia, que desvió recursos del Estado de manera sistemática. Carniel afirmó que se demostrará cómo los ilícitos precedentes se llevaron a cabo para posibilitar el blanqueo del dinero ilícito.
El fiscal también enfatizó que Sampayo era parte integral del negocio, necesitando su complicidad y autorización para realizar transacciones administrativas. Se resaltó la presunta manipulación de recursos destinados a resolver el problema de la basura en Resistencia, donde se sospecha que la intención principal era generar beneficios para los empresarios involucrados.
Las instancias finales iniciarán en febrero de 2024. En caso de condena, los acusados podrían enfrentar penas significativas por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos.
