Resistencia. Alfredo «Capi» Rodríguez, delegado regional, analizó el conflicto por reducción de personal. El funcionario informó que familiares y amigos de dirigentes peronistas estaban contratados en uno de los organismos con mejores salarios.
En el caso del Chaco, respecto a la merma de personal impuesto por el Kirchnerismo en el Operativo Retirada, se cortó el vínculo laboral de más de 40 personas.
El delegado regional asentado en Resistencia, Alfredo «Capi» Rodríguez, dijo que la medida consistió en la «desvinculación» de personal que eran contratados, y mencionó que buena parte de ellos son familiares y amigos de dirigentes del Peronismo provincial, el motivo principal por el que habrían logrado su ingreso al organismo, uno de los que mejores salarios tiene en el sector público.
«El Estado no puede ser un aguantadero de la política», planteó Rodríguez, que respondió a la protesta gremial instrumentada a raíz de los despidos diciendo que los referentes sindicales «deberían tratar de explicar por qué hay un ausentismo del 30 al 40% y personal que lleva años con licencias psiquiátricas».
Rodríguez le dijo que lo que está sucediendo en el organismo es que «se decidió desvincular a personas contratadas y entonces algunas oficinas se quedaron sin personal o con menos agentes que antes. Pero hay casos en que las oficinas fueron cerradas como parte de maniobras políticas y se las hace figurar como clausuradas por decisión de Anses, y eso no es así».
Como ejemplo citó que la delegación de Taco Pozo «no está cerrada», pese a afirmaciones sindicales en contrario, y que también permanece abierta la de Machagai, donde se atiende con personal derivado de Sáenz Peña.
En el caso de Barranqueras, Rodríguez denunció que la oficina quedó cerrada por decisión de la intendente de la localidad, Magda Ayala, aprovechando que el local en el que funciona la delegación pertenece al municipio, que lo cedió en comodato a Anses. «Le pusieron candado a la oficina y dejaron a la gente sin atención», acusó Rodríguez.
El delegado regional atribuyó la decisión de la intendencia portuaria a que en la oficina de Barranqueras cesaron los contratos que beneficiaban a personas ligadas a la propia Ayala y a otras figuras del peronismo provincial.
«Se desvinculó a un hermano y una cuñada de Magda Ayala, a un amigo y exfuncionario de la intendente, a una mujer vinculada al intendente (de San Martín) Mauro Leiva, a una hermana del dirigente peronista Sebastián Benítez Molas, a un hermano del intendente de Las Garcitas, al esposo de la exfuncionaria que presidía la Fundación Chaco Solidario durante el mandato de Capitanich. El Estado no tiene por qué ser un aguantadero de la política ni los ciudadanos tienen por qué pagar impuestos para que los políticos, sus parientes y sus amigos tengan empleo fácil en el sector público», marcó Rodríguez. También contó que el municipio terminó dándole a la Anses un plazo de 60 días para abandonar el local en cuestión. «Nos echan por transparentar el funcionamiento de este organismo, y lo que menos les importa es si se atiende o no a la gente», analizó el delegado.
Sobre los empleados dados de baja, Rodríguez dijo que son 44 en total en las provincias que abarca la Delegación Resistencia (Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes). De ellos, 21 son de nuestra provincia. «La lista de desvinculaciones se definió en Anses central», acotó.
