8 mayo, 2024

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Con ingerencia peppista el Consejo de la Magistratura archivó el jury a la jueza Pereyra

Resistencia. La magistrada estaba acusada de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y prevaricato. Al STJ y la UCR no le dieron los votos para proseguir con el proceso.

El Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento desestimó por mayoría de 4 a 3 el pedido de jury a la jueza de garantías Nº 1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra, en la sesión del martes 3 de diciembre.

Los votos mayoritarios a favor del archivo fueron los de: Ricardo Sánchez (diputado justicialista), Hilario Bistoletti (abogados de la capital), Miguel Feldmann (abogados del interior) y José Quirós (Poder Ejecutivo).

En minoría votaron por admitir la acusación las consejeras: Emilia Valle (Superior Tribunal de Justicia), Alicia Cáceres (Poder Judicial) y Carmen Delgado (diputada radical).

Antecedentes

Vale recordar que la causa fue iniciada a raíz de la presentación del procurador general ante el STJ, elevando un informe de diez fiscales de investigación que expresaron su inquietud por resoluciones dictadas por la magistrada.

Esto motivó a que el 13 de marzo de este año, mediante resolución 274/19, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco resuelva acusar a Pereyra por parcialidad y graves irregularidades procedimentales; y encomendó al procurador general su formalización ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco, presentando la denuncia el procurador general subrogante, Jorge Gómez, por “actos reiterados de parcialidad manifiesta” y “reiteración de graves irregularidades en el procedimiento, como causales de mal desempeño en sus funciones”.

La acusación federal

El juez Federal subrogante de Resistencia, Enrique Bosch, procesó sin prisión preventiva a la titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de Resistencia, María de los Ángeles Pereyra.

Fue en el marco de su intervención cuando concedió un hábeas corpus al intendente de Castelli, Alberto Nievas, para que no pueda ser detenido en una causa federal por presunto lavado de activos. Está acusada de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y prevaricato.

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