Resistencia. Uno de los fiscales de más trayectoria y más respetados del Tribunal asegura que omitieron o falsearon información para poder ser elegidos por la Legislatura como ocupantes de las dos vacantes del organismo. También está denunciado a Oscar Cáceres.
Tres de los vocales que conducen el Tribunal de Cuentas fueron denunciados penalmente por un fiscal del propio organismo, quien informa en esa presentación haber hallado serias irregularidades en el proceso de designación de Beatriz Bogado y Juan José Fuentes Castillo, quienes habrían falseado u ocultado información para sortear el hecho de que no reunían todos los requisitos de ley para aspirar a esos cargos. Hay acusaciones que también alcanzan a Oscar Cáceres, otro miembro de la cúpula del TC.
La solicitud de investigación alcanza a los dirigentes del PJ y UCR por igual, lo que significa que «las agachadas» políticas y la corrupción no tienen color partidario. El pedido fue formulado por Raúl John París, fiscal del Tribunal de Cuentas, y puede desencadenar una tormenta institucional, si la justicia avanza con las pruebas reunidas por el denunciante. Sería, para las actuales autoridades, un golpe mucho más duro incluso que el escándalo en que terminó el concurso de aspirantes a cargos administrativos en el ente, que quedó teñido de sospechas de acomodo para amigos y familiares.
Qué se pide investigar
París ingresó un extenso escrito en la mesa única informatizada del fuero penal, desde donde ahora se le asignará al expediente una fiscalía que se encargue de iniciar la investigación correspondiente. París, uno de los fiscales de más trayectoria y más respetados del Tribunal, aporta elementos que generan la sospecha de que Bogado y Fuentes omitieron o falsearon información para poder ser elegidos por la Legislatura como ocupantes de las dos vacantes que había en el organismo de contralor.
Entre otros puntos, París dice que Fuentes Castillo mintió al dar por acreditado el requisito legal de tener al menos diez años de ejercicio profesional como contador, porque recién tramitó su matriculación como tal en 2023, apenas unos meses antes de ser postulado para el TC. El denunciante dice que el hecho es más grave todavía porque Fuentes Castillo, en las documentaciones presentadas para su postulación, dejó constancia de que llevaba años actuando como contador en diferentes ámbitos, una circunstancia que configuraría un delito si es que realmente lo hizo sin estar matriculado.
«Malicia»
En cuanto a Bogado, quien se preparaba hasta ahora para asumir como presidente del Tribunal este mes para el período 2026, reemplazando a Fuentes Castillo, actual titular, París dice que mintió al decir que no tenía cargos ni multas del propio organismo (otra condición que debían cumplir los aspirantes), ya que había sido condenada en su momento por su actuación como ministra de Desarrollo Social de Jorge Capitanich.
París marca que Bogado dio por saldado el tema, en el cual pagó algo más de 4 millones de pesos por las irregularidades detectadas, pero que esa deuda no podía considerarse resuelta, ya que no se le aplicaron los intereses que correspondían por haber transcurrido diez años entre la definición de aquel monto y el pago realizado por ella. El fiscal agrega que debería investigarse por qué el vocal Oscar Cáceres, sabedor de esa circunstancia, no objetó el certificado de libre deuda extendido por el TC a la exministra.
«Quedó en evidencia la deshonestidad y la actitud maliciosa de la contadora Beatriz Fermina Bogado, de haber incorporado y agregado un certificado totalmente irregular, con datos falsos dentro del expediente legislativo, en el cual se analizaba su postulación, que señalaba que no tenía cargos formulados pendientes de cumplimiento, cuando en realidad sí los tenía», expresa la denuncia.
En relación con Cáceres, París también da a entender que podría haber sido él quien ordenó que el mismo tipo de certificado se le emitiera a Fuentes Castillo, para que pudiera postularse y que el trámite haya sido hecho un sábado en horas de la siesta, algo absolutamente extraño y sin antecedentes para un órgano que solamente trabaja en días hábiles.
En la parte final, París, refiriéndose a sus denunciados, dice que Bogado, Fuentes Castillo y Cáceres, nada menos que máximas autoridades del organismo que debería velar por la transparencia en el Estado «no cumplimentaron ni actuaron de buena fe, responsabilidad ni probidad. Tampoco velaron por los intereses del Estado al cual representan y nunca privilegiaron el interés general por sobre sus propios intereses particulares, realizando maniobras maliciosas que afectaron deliberadamente los intereses del pueblo del Chaco».
Fuente: Norte
