27 abril, 2024

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El 23 de septiembre se reanuda el juicio contra Judis y la exconducción de la Uncaus

Resistencia. El principal imputado es el exrector, Omar Judis, quién junto a personas allegadas se habrían apropiado de fondos públicos de la casa de altos estudios con sede en la ciudad de Sáenz Peña. El inicio debió paralizarse por más de un año por problemas de salud del propio Judis.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia fijó la fecha del próximo 23 de septiembre para el comienzo formal del juicio oral y público contra miembros de la ex conducción de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCaus) y un empresario de la construcción por distintos hechos de corrupción que habrían tenido lugar durante la gestión encabezada por el exrector Omar Judis, entre 2010 y 2016.

Así lo dispuso, días atrás, el juez del TOF, Juan Manuel Iglesias, al reprogramar el cronograma de audiencias que estaba previsto se desarrollase íntegramente durante los últimos días del mes de septiembre. En ese contexto, el 23 de septiembre, a las 9, tendrá lugar la apertura de las audiencias del juicio que se prevé tenga continuidad los días 6 y 21 de octubre y 3 de noviembre.

Cabe recordar que este juicio debió iniciarse el 3 de mayo de 2021, cuando el TOF de Resistencia decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 17 de mayo, teniendo en cuenta que un certificado médico expedido por el estado de salud de Judis vencía el 15 de mayo. Sin embargo, el 17 de mayo el TOF volvió a suspender las audiencias sin fijar una nueva fecha para dar continuidad a esa instancia.

Ya en esa oportunidad, el Ministerio Público Fiscal solicitó al TOF que se reanude el proceso teniendo en cuenta que se esperaba que el tribunal definiera el cronograma para la realización de otros juicios orales por causas resonantes en la jurisdicción del Chaco. Sin embargo, eso no sucedió hasta ahora, poco más de un año después.

Las imputaciones

En este juicio oral, Omar Judis, Enzo Judis, Walter López y Luis Pugacz son acusados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (17 hechos), abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada (6 hechos), peculado (59 hechos) y cohecho (3 hechos), todos en concurso real.

Al empresario Juan Carlos Tymkiw, dueño de la empresa Tridelta SA, se le imputan los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública” (en 5 hechos), y por “cohecho activo” (en 2 hechos), todos en concurso real. Es quién fue beneficiado por la entonces conducción de la UNCAus con diversas obras de infraestructura.

Según la acusación, Judis junto a familiares y amigos habrían “ideado, organizado y puesto en funcionamiento una estructura administrativa y académica destinada a obtener y disponer de recursos para beneficio propio y de quienes lo acompañaron. Para ello, se habrían aprovechado de los distintos mecanismos implementados en la Universidad Pública y los fondos que esa alta Casa de Estudios recibió en concepto de programas y partidas presupuestarias que legalmente le correspondían, derivados del Tesoro Nacional”.

Vale recordar, además, que de esta causa se desprende otra por lavado de activos en la que se investiga a Judis, varios de sus familiares y a otro grupo de personas por la introducción en el circuito legal de los fondos públicos que habrían sido apropiados a partir de la comisión de los delitos de corrupción que se ventilarán en este juicio.

El origen de la investigación

La causa se inició a partir de una denuncia de la ex diputada provincial por Cambiemos, Ana María Canata, y una investigación llevada adelante por el fiscal federal coordinador del distrito Chaco, Federico Carniel, en conjunto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Tras la ronda de indagatorias tomadas en diciembre de 2017, el juez subrogante Aldo Alurralde decidió procesar a la cúpula de la Universidad y al empresario Juan Carlos Tymkiw, lo que luego fue confirmado en las instancias superiores y elevado a juicio el 4 de julio de 2019 por el entonces juez subrogante de Sáenz Peña, Miguel Aranda.

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