Resistencia. Ante la Comisión Investigadora ratificó su inocencia y presentó muchas pruebas. De igual manera luego de la feria acercará más información que servirá los legisladores.
l receso invernal provocará que los diputados, que integran la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de Juicio Político, deban esperar al menos hasta agosto para poder emitir los dictámenes sobre el proceso que se le sigue al ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta.
Echezarreta, que este martes declaró ante la comisión, está acusado en la Justicia Federal de participar en actividades de lavado de activos y tiene un pedido de detención que aún no se pudo concretar porque el funcionario tiene fueros.
Y el juicio político podría terminar con el desafuero pero para ello necesitan primero que la Comisión Investigadora resuelva si corresponde avanzar con este proceso iniciado por una denuncia de un particular.
La comisión escuchó no sólo a Echezarreta sino también tres funcionarios: “la directora de Licitaciones, Edith Romero; el secretario general del Ministerio, Leandro Brugnoli y de la subsecretaria Lorena Sánchez”.
También recibió mucha información escrita por ejemplo dos carpetas donde aparecen datos importantes sobre la relación contractual con las empresas Distrimar y Constructora del Paraná.
Ambas firmas están bajo la lupa judicial y quienes serían sus propietarios fueron detenidos. Ahora ellos esperan el procesamiento, que podría ocurrir esta semana.
A su vez entregaron una documental donde aparece un decreto que determina los montos para llamar a licitación o para realizar una contratación directa. Esta pieza es muy importante pero no alcanzaría.
Por ejemplo pidieron que el ministro acerque la información sobre las obras que se realizaron mediante el sistema de contratación directa durante 2017 y 2018.
Por su parte, el presidente de la Comisión Investigadora, Ricardo Sánchez, dijo: “estamos muy satisfechos por la presencia del ministro que agradeció la posibilidad de extender su derecho de defensa con la presentación de hoy, porque en realidad él por escrito ya había manifestado su posición”.
“En general toda la declaración tuvo que ver con lo que está siendo materia de investigación. Por un lado la relación contractual que tuvo el Ministerio con dos empresas que están siendo cuestionadas por la Justicia. Trajo dos biblioratos con fotocopia de toda la documentación que acredita los pagos que se hicieron, las obras que se hicieron, que en todos los casos fueron adjudicaciones directas”, aseguró.
El diputado aclaró que “en ese sentido el ministro referenció que estas adjudicaciones directas provenían de la nueva realidad económica que tuvimos en el país y en la provincia, y eran obras de menor rango que se enmarcaban dentro del decreto que estableció hasta 10 millones de pesos de adjudicación directa, de 10 a 18 millones concurso de precios, de 18 a 33 millones licitación privada, y de más de 33 millones licitación pública”.
“Fuera de eso también hubo mucha pregunta y respuesta respecto de la relación con los imputados en general, entre ellos los socios de Constructora Paraná, otro de los imputados Ismael Fernández, Horacio Rey, y en todos los casos el manifestó tener una relación funcional”, señaló Sánchez.
