Catamarca. El gobernador Raúl Jalil consiguió la eliminación del Consejo de la Magistratura y ahora tendrá esa atribución. También aumentan los miembros de la Corte.
En apenas 48 horas, y sin debate previo, la Legislatura de Catamarca eliminó este jueves el Consejo de la Magistratura local, aumentó el número de jueces de la Corte Suprema Provincial y ya despertó una polémica que promete escalar a nivel nacional con denuncias de «golpe institucional». Sectores de la oposición que advierten que puede ser “un ensayo a replicarse a nivel nacional”, en relación al proyecto de reforma judicial que se espera que el Gobierno de Alberto Fernández anuncie en breve.
Sin la presencia de la oposición en el recinto, el oficialismo que responde al gobernador Raúl Jalil, consiguió aprobar el miércoles en la Cámara de Diputados una serie de proyectos vinculados al área judicial en el que se destaca la ampliación de la Corte de 5 a 7 miembros (y la creación de salas) y la eliminación del Consejo de la Magistratura. Al día siguiente, el paquete consiguió una rauda aprobación en el Senado, donde cuenta con una amplia mayoría.
A nivel nacional, la Coalición Cívica-ARI emitió un comunicado de repudio en el que define la movida como un “golpe institucional”. “La eliminación del Consejo de la Magistratura provincial es la sentencia de muerte para la independencia judicial”, afirma el espacio que lidera Elisa Carrió. «El Poder Ejecutivo Nacional debe condenar de manera contundente el avasallamiento de la Justicia catamarqueña, para que los argentinos sepamos que no es ése su modelo de reforma judicial», agregaron desde la CC ARI. “Catamarca retrocede tres décadas. En adelante, será la voluntad del gobernador de turno la que decida la designación de los cortesanos provinciales”, señaló Rubén Manzi, diputado nacional de la CC-ARI por Catamarca.
El cambio establece que los futuros jueces vuelvan a ser seleccionados por el gobernador, sin un proceso previo de selección colegiado, y es el Senado el que termina aprobándolos. Según el texto aprobado, la ley que creó el organismo “viola ostensiblemente” artículos de la Constitución provincial porque “ninguno de los poderes del Estado puede arrogarse facultades que no le hayan sido conferidas”.
La sesión del miércoles en Diputados arrancó con polémica porque la oposición no bajó al recinto ya que sostenía que no estaban dadas las garantías de control sanitario, según como aseguraba un informe de la Comisión de Salud. La provincia, que fue la última en tener casos confirmados de Covid-19, volvió a Fase 1 en los últimos días luego de que se dispararan los casos nuevos.
Con la ayuda de dos aliados, el oficialismo consiguió quórum y puso en marcha la sesión. Allí, el oficialismo aprovechó para darle ingreso a los polémicos proyectos y pidió tratarlo sobre tablas, algo para lo cual se necesita la aprobación de dos tercios de los presentes. Cuando diputados de la oposición bajaron al recinto ya era tarde. Según relata la crónica de El Ancasti, el vice del bloque radical, Francisco Monti, aseguró que la provincia “va a ser la única con la peor calidad institucional que pretende pasar a la prehistoria del derecho público y a una acumulación de poder que nos debe avergonzar”.
Luego de que se retiraran nuevamente del recinto, el oficialismo retrucó. Maximiliano Rivera, vice del cuerpo, planteó que le daba “vergüenza el sistema de justicia y alguno de los hombres que integran el Consejo de la Magistratura”. El diputado Daniel Lavatelli, autor del proyecto, tildó a los opositores de “vagos” y los acusó de “estar en la casa, bien calentitos, y no debatir los proyectos que requiere la sociedad”.
