Resistencia. Se trata de Roberto Lugo exministro de Desarrollo Social de la gestión Bacileff Ivanoff, que luego de ese tiempo fue subsecretario de Peppo.
A pesar de la escasa difusión, en julio pasado el equipo de fiscales provinciales requirió la elevación a juicio de la causa en la que se imputa a Roberto Lugo, exministro de Desarrollo Social de la gestión Bacileff Ivanoff, como jefe de una banda que favoreció con compras por más de 6 millones de pesos a allegados y familiares entre noviembre de 2013 y marzo de 2015.
En tiempo récord, el equipo especial de fiscales provinciales investigó y presentó el requerimiento de elevación a juicio del exministro de Desarrollo Social del Chaco, Roberto Lugo, en una causa en la que se lo imputa como presunto jefe de una asociación ilícita que defraudó al Estado provincial por un monto superior a los 6 millones de pesos mediante la simulación de licitaciones para la compra de mercaderías que siempre ganaban los mismos: sus familiares y amigos. El requerimiento fue firmado en julio pasado pero las defensas interpusieron una serie de recursos que deberán ser resueltos antes de confirmarse la elevación a la Cámara en lo Criminal que corresponda para que fije fecha para las audiencias del juicio que comenzaría en 2020. Será el segundo que deba afrontar Lugo, ya que también fue requerido en la causa por el desvío de la pauta oficial (causa Fappo) aunque por delitos similares a los de esta causa cometidos durante su paso como subsecretario de Comercio de la gestión de Domingo Peppo. En marzo de 2020, Lugo cumplirá dos años con prisión preventiva.
Los ilícitos constatados por los fiscales Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba, comprenden el período entre el 26 de noviembre de 2013 y el 5 de marzo de 2015 cuando Lugo se desempeñó como ministro de Desarrollo Social del interinato del por entonces vicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff. Por 209 hechos, a Lugo se le imputan los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefe de la banda; violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación caudales públicos, todo en concurso real. La pena mínima por el delito asociación ilícita es de cinco años de prisión.
La asociación ilícita se completa con Ricardo Retamozo, quién era la mano derecha de Lugo en el Ministerio de Desarrollo Social, y quiénes resultaron beneficiados por las contrataciones como proveedores: Claudia Varela (esposa de Retamozo), Juan José Varela (cuñado de Retamozo), Mónica Yaczuk (pareja de Lugo) y Carlos Amarilla.
Burlar los procesos de contratación
Según el requerimiento fiscal, los integrantes de la asociación ilícita comandada por Lugo “hallaron la forma de burlar una y otra vez los procesos de contratación para verse beneficiados de manera reiterada y sistemática. Hallaron la manera de establecer ellos mismos los precios al presentar los presupuestos conforme lo convenido mediante un acuerdo previo y al no existir comparación con precios reales (llegando a pagar sobreprecios del 250%), se aseguraron de que no compitan proveedores con capacidad operativa y trayectoria y lograron beneficiarse con más de 6 millones de pesos durante la breve gestión de Lugo en el Ministerio de Desarrollo Social”.
La presentación señala, además, que Lugo también se valió de la Emergencia Hídrica “para efectuar importantes compras directas por desorbitantes montos beneficiando a los proveedores que formaban parte de su asociación ilícita (…)”.
El Estado, sin precios de referencia
Otro de los elementos preocupantes que surge de la investigación judicial, es que la Contaduría General de la Provincia no cuenta con una base de datos actualizada sobre precios testigo de las mercaderías que debe adquirir el Estado Provincial ya que, según el testimonio de un trabajador de ese organismo, no se cuenta “con personal ni recursos para hacerlo”. Según el informe presentado en la causa por Contaduría General de la Provincia, de acuerdo al decreto Nº 1090/00, la Dirección de Comercio Interior dependiente por entonces del Ministerio de la Producción “es la unidad responsable de efectuar el relevamiento de precios de mercado para la inclusión de los mismos en el Sistema de Compras y Contrataciones”, pero también señala que dicho relevamiento “nunca fue realizado”.
Polirrubros
Otro de los datos llamativos, que ya había puesto en evidencia un informe del Centro Mandela, es que los proveedores se dedicaban a una multiplicidad de rubros (polirrubros) llegando a proveer de desmalezadoras, golosinas, tanques, chapa cartón, alambre, guantes, disyuntores, camas, ropa de cama, frazadas, bicicletas, ollas, platos, cubiertos, colchones, té, yerba mate, azúcar, galletitas, leche, edulcorante, mesas, taladros, mechas, placas aglomeradas, grampas, lijadoras, morsas, martillos, falsas escuadra, estanterías metálicas, clavos, tornillos, hornos pizzeros, carliteros, bandejas para pizza, freidoras, máquinas de coser, entre otros productos.
En este sentido, los investigadores advirtieron que no obstante el sinnúmero de rubros abarcados, ninguno de los proveedores cuenta con comercios establecidos, no tienen trayectoria, tampoco contaban con stock ni lugares de almacenamiento para los mismos. “No tienen capacidad operativa, por lo que compraban la mercadería y la revendían al Ministerio de Desarrollo Social, lo que constituye una desventaja para el Estado, al que le conviene comprar a los proveedores con trayectoria, capacidad operativa y seguramente mejores precios. No sólo le quitaban la oportunidad a comerciantes de trayectoria en el medio de ser contratados, sino que también limitaban la posibilidad del Estado de comprar a mejor precio, lo que redunda en un perjuicio para la Administración Pública”, consideraron los fiscales.
Otro de los ítems que revela el requerimiento de elevación a juicio es que en varios casos los supuestos destinatarios no recibieron las ayudas sociales y en otros ni siquiera tenían conocimiento que habían solicitado algún tipo de beneficio.
El caso de Amarilla
Por último, durante la investigación el equipo fiscal pudo constatar que el nivel de vida de uno de los imputados, Carlos Amarilla, no se condecía con el volumen de dinero que habría percibido como uno de los más beneficiados por las contrataciones de la cartera social durante la era Lugo. Es así que los investigadores infieren que “en realidad era una persona interpuesta (testaferro) con la que se beneficiaba a otra persona”.
El corolario de esta investigación judicial se convierte, en alguna medida, en una reivindicación tardía a la labor desplegada por el fallecido coordinador del Centro Mandela Chaco, Rolando Núñez, quién alertó a la opinión pública sobre los manejos irregulares de Lugo en forma paralela a los hechos, es decir, en el año 2014. Sin embargo, la justicia provincial recién puso el foco en los hechos de corrupción a partir de que el nombre de Roberto Lugo saliera a la palestra por su vinculación con el exsecretario de Gobierno del Chaco, Horacio Rey, investigados por la justicia federal en una causa por lavado de dinero.
