7 septiembre, 2024

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Julian Vilar, el empresario que encabeza el paro de colectivos, fue al Concejo y volvió a insistir con que le entreguen plata

Sáenz Peña. El pasado miércoles, antes de desarrollarse la sesión ordinaria, el empresario responsable de la Empresa San Roque SRL que lleva adelante un paro que dejó sin colectivos a la ciudad, fue al Concejo Deliberante y volvió a utilizar a sus empleados, a los que no les paga el sueldo hace tres meses, para intentar que el estado municipal le de dinero para balancear el descalabro económico interno que tiene.

Previo a la sesión ordinaria del día miércoles el socio gerente de la empresa «San Roque», Julián Vilar, se hizo presente para dialogar con los concejales sobre una nota presentada en mesa de entradas el día lunes.

También en la misma siesta los choferes de la empresa “San Roque” hicieron lo propio para dialogar con los ediles respecto al conflicto que hace más de tres meses tiene a la ciudad sin servicio de transporte de pasajeros por decisión de la empresa de interrumpir el mismo.

Durante la visita tuvieron la palabra el empresario y un representante de los empleados solicitando acercamiento de las partes para solucionar el conflicto, y desde la Presidencia del Concejo Municipal, se dejó claro que la responsabilidad está en manos del empresario ya que en el acercamiento de partes solicitado por el Juez Rodolfo Lineras se acordó un boleto de $800 el cual fue propuesto por el Ejecutivo Municipal y ratificado por el Concejo, y aun así la prestación del servicio no se reanudó.

Esta solicitud  de «acercamiento de las partes» que peticiona Vilar hoy en día tiene que ver con la decisión política del Municipio de avanzar en comprar minibuses para prestar el servicio de transporte urbano de manera propia, es decir municipal. Ante ese panorama, Vilar se encuentra en un gran aprieto económico financiero ya que deberá buscar la manera de saldar la deuda con sus empleados a los que él mismo les prohíbe trabajar.

El lockout realizado por Vilar desde hace tres meses es un chantaje a la municipalidad para que ésta acceda a darle el dinero para pagar sueldos y comprar combustible, es decir que sea el estado local quien financie el funcionamiento de la empresa.

la noticia de compra de minibuses y un nuevo esquema del servicio urbano deja en claro que la Municipalidad no negociará ni se dejará presionar más por un empresario que hace 25 años es el único que prestó el servicio, sin competencias, y con asistencia estatal siempre.

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