Por Gustavo Corregido
Sin embargo los chaqueños bien sabemos que hecha la ley, hecha la trampa, sobre todo en esta gestión del Ejecutivo que sistemáticamente avasalla normas, derechos e incumple órdenes judiciales: funcionarios del gobierno de Mauricio Macri ya han anticipado que el presidente vetará este proyecto aunque el amplio debate entre legisladores obtenga también la sanción del Senado.
Así, una vez más el gobierno nacional avasallará la competencia de otro poder del Estado comprometiendo la democracia y sometiendo nuestra identidad republicana, como lo hemos denunciado durante los último años desde la Defensoría del Pueblo.
Más allá de la discrecionalidad política de esta etapa coyuntural, es necesario reafirmar que los usuarios y consumidores están ante una gran estafa vinculada a las tarifas de los servicios porque están siendo sometidos a pagar facturas sobre la base de costos que se desconocen y que además violan los principios de proporcionalidad de los aumentos afectando directamente el bolsillo de quienes menos tienen.
Este combo de irregularidades y omisiones sumado a la inflación hace que el tarifazo que está llevando adelante el gobierno nacional sea insostenible porque estas medidas económicas se comen el salario de los trabajadores presionando a la gente a destinar en algunos casos más del 60 por ciento de su sueldo al pago de servicios. Esto atenta contra derechos fundamentales como el de la alimentación y el acceso a la salud, entre otros.
Uno de los ejemplos más claros de las incógnitas de las cuales son rehenes los consumidores y usuarios es el caso del gas, que entre los componentes para establecer la tarifa tiene como punto de partida el costo de boca de pozo establecido en cinco dólares en el país, cuanto internacionalmente la boca de pozo del gas cuesta poco más de dos dólares. Este problema se agudiza en provincias donde no llega el gas natural, como es el caso de Chaco que depende de tubos envasados, lo que incrementa costos.
La situación es similar en el caso de la electricidad que casi trimestralmente sigue incrementando los costos aunque nadie puede responder con documentación respaldatoria de dónde salen los valores del kilovatio ni cuanto sale la generación de esa energía ni el costo para transportarla, datos que deberían figurar en estudios de costos que no se completan.
Mientras tanto el poder Ejecutivo sigue sin respetar el proceso de audiencias públicas. Prueba de todas estas faltas son los fallos judiciales que ordenan frenar los tarifazos a lo largo y ancho del país por la falta de información sobre los costos o las audiencias públicas no válidas porque faltan datos claves en el origen de las variables que se utilizan.
Vivimos escuchando informes sobre las señales al mercado externo, pero el principal problema que atravesamos como argentinos son estas políticas de ajuste llevadas a un extremo que ahoga a los trabajadores. Las cifras sobre la inflación promedio no son las que condicionan la forma en la que vivimos, sino el impacto de los aumentos en los servicios, sobre todos en provincias electro dependientes como la nuestra y sin gas natural.
Cabe preguntarnos entonces: ¿Cuál es el interés del gobierno nacional de que no sepamos lo que realmente vale la energía o el gas?
La respuesta no sólo es necesaria y urgente, sino que debe ser el motor que nos impulse como ciudadanos a interiorizarnos sobre los derechos que tenemos y que debemos exigir. Hay decisiones políticas que tienen un impacto directo en la vida de las personas y son esas cuestiones las que debemos defender de manera colectiva.
