Sáenz Peña. La denuncia que pesa contra la fiscal Liliana Lupi, y que por ahora yace dormida en el escritorio del fiscal Valero, muestra la contrariedad en las acciones de la Justicia, cuando de fueros distintos se trata. El ex fiscal Mazzoni es enjuiciado por , entre otros, no investigar denuncias de hechos concretos.
La fiscal Liliana Lupi, que tomó gran notoriedad durante la dilatada investigación de la causa denominada «mafia inmobiliaria», fue denunciada por la comisión de supuestos delitos en un total de 14 hechos, que se desprenden, según la denuncia, de su accionar con marcada parcialidad.
Algunos de los delitos por los que Lupi es denunciada es por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y el incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal. Este último a raíz de una denuncia penal que realizada el ciudadano de apellido Correa, a quien Lupi mantuvo detenido en el Complejo Penitenciario.
Correa había denunciado penalmente que recibía aprietes de uniformados celadores y del personal de jerarquía para que entregase dinero a cambio de protección. Esta situación llevó al detenido al borde del quiebre emocional pues debía dormir con un ojo abierto y el otro cerrado.
Sin embargo la fiscal Lupi jamás tomó en cuenta la denuncia, jamás inició un proceso investigativo respecto a esta situación, es decir, no veló por la seguridad de quien estaba detenido, sospechado de cometer ilícitos que eran investigados por ella mismo, pero a quien al no tener condena alguna amparaba el principio de inocencia.
Lo mismo ocurrió con el ex integrante de la Justicia Roberto Mazzoni quien mediante testimonios de varios ex detenidos y detenidas que dejaron evidencias de pedidos de ayuda a representantes de la Justicia que cayeron en saco roto ante la negativa de investigar las denuncias. Mazzoni recibió denuncia de hechos ocurridos en lugares de detención, así cómo Correa denuncia ante Lupi, y al no investigar genera el incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal, así como el incumplimiento de los deberes de funcionario público, y el abuso de autoridad.
Es realmente llamativo como la óptica de la Justicia Federal y Provincial dista tanto respecto a las responsabilidades de un mismo delito. Cómo si la bibliografía aplicada fuese totalmente opuesta.
Indudablemente al fiscal Gustavo Valero le queda una tarea compleja al tener que investigar a su par la fiscal Liliana Lupi, tarea que le fue entregada por el Procurador Adjunto Miguel Fonteina.
