Resistencia. El Defensor del Pueblo Adjunto sostuvo, este martes, que es necesario buscar proteger a este colectivo social vulnerable en nuestra provincia.
Hugo Maldonado señaló que, “se debe tener mucho cuidado cuando se implementan este tipo de medidas. Su aplicación debería ser casi quirúrgica, pues no se puede poner en riesgo – por el hecho de ejercer un control sobre el otorgamiento de pensiones, (lo cual veo con buenos ojos) – en cometer posibles arbitrariedades quitando estos beneficios a personas y familias que se lo merecen por derecho. En general la burocracia es muy lenta para volver asignar derechos.”
Recordó, además que, «desde el año 2006 – en que se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD) la cual entrara en vigencia dos años después luego de su ratificación por al menos veinte Estados parte ydentro de los que se encuentra nuestro país – aún venimos con muchas cuestiones pendientes».
“Una persona con discapacidad es sujeto de derecho que merece gozar de las prestaciones de una obra social o acceder al recurso de una pensión. La discapacidad es una construcción social que debemos defender implementando políticas progresivas y luchando siempre contra los discursos que invisibilizan y generan entornos discapacitantes a través de formas políticamente correctas pero que pueden llegar a negar o menoscabar un derecho», sostuvo el Defensor del Pueblo adjunto.
«Nuestra obligación es dar tranquilidad a este colectivo con la fuerza que da el saber que no es una cuestión de “caridad” por parte de los poderes públicos;sino porque, lo contrario, supone una violación del ejercicio de sus derechos», finalizó Maldonado.
