Resistencia. La jueza federal tendrá por delante una serie de definiciones en el marco del avance del expediente que investigó el fiscal Sabadini.
Podría cristalizar los llamados a indagatoria de los acusados y definir nuevos rumbos; máxima expectativa.
La jueza federal Zunilda Niremperger se apresta a tomar la posta de la megacausa Lavado I, una de las de mayor resonancia política y social de la historia del Chaco.
La magistrada, de intachable carrera, tendrá por delante la continuidad del expediente que le sirvió el fiscal Patricio Sabadini tras más de tres semanas de investigación e instrucción.
Niremperger pasa a ubicarse, de esta manera, en el centro de la escena provincial y también su accionar será seguido muy de cerca por esferas políticas nacionales de primerísimo orden.
Las decisiones que vaya tomando la jueza impactarán de lleno en la situación que atraviesan los detenidos e imputados en el expediente.
Se espera que durante esta semana se produzcan avances cualitativos en el expediente.
Gran parte de la expectativa se centra en las determinaciones que Niremperger pueda tomar en torno al ministro de Hacienda, Cristian Ocampo, hasta ahora imputado por Sabadini.
Es que el fiscal lo acusó por administración infiel y fraude en perjuicio de la administración pública, un delito que solamente atañe al titular de Hacienda y no a los demás exfuncionarios detenidos o sospechados.
También la atención está puesta en cómo avanzará la jueza en cuanto al conflicto de competencias con el fuero provincial.
De acuerdo con diversas fuentes consultadas por este medio, de pasar las detenciones al ámbito federal, entra en escena la figura del arrepentido.
También se especula con que los únicos a los cuales la Justicia provincial podría dejarlos libres -y que la Federal no reclame su posterior aprehensión- son los hermanos Susana e Ismael Fernández.
Los demás presos -Horacio Rey y Roberto Lugo, principalmente- seguirán en esa condición, pero bajo la órbita de las fuerzas federales.
El avance en la causa dejará en claro el contundente trabajo que hizo Sabadini, siempre a paso firme y sin medias tintas.
También quedará en evidencia la manera respetuosa y en conjunto, cada uno en su rol, con la que manejó el caso con Niremperger sin involucrar su impacialidad.
Tanto la magistrada como el representante del Ministerio Público Fiscal se juegan su trayectoria, aunque sobre sus espaldas no cargan con ningún tipo de vinculación política o de intereses externos.
En el caso de la jueza no puede pasarse por alto su inmaculado historial judicial, con varios expedientes muy pesados en su haber. Estará en el centro de la escena y sobre su trabajo se posarán todas las miradas.
La figura del arrepentido, una posibilidad cada vez más cierta y relevante
Al estar el expediente en manos del fuero federal empieza a jugar fuerte y cobrar relevancia la figura legal del arrepentido, en vigencia desde 2011 para casos de lavado de activos.
Esa «herramienta» hizo su aparición en casos de extrema resonancia como los de la ruta del dinero K y otros también marcados por presunta corrupción de fondos públicos.
En el caso de la megacausa que involucra a funcionarios chaqueños, la figura del arrepentido podría traccionar «hacia arriba» si se tiene en cuenta que lo que se investiga es una posible banda y asociación ilícita.
Las expectativas por los próximos movimientos de la jueza Niremperger tendrían su sustento justamente en este aspecto.
También hay que tener en cuenta que la ley que ampara al o los arrepentidos ya no es exclusiva en acusaciones de lavado de activos, sino que tiempo atrás se hizo extensiva a asociación ilícita, dos delitos que aparecen en la causa contra Rey, Lugo y compañía.
Con este nuevo escenario en potencia, algunos de los acusados reevaluarían su estrategia de defensa pensando en acogerse a lo que plantea la Ley 26683.
Esa legislación habla del arrepentido o de «testigo o imputado colaborador» y está en vigencia para todas las investigaciones que cuenten entre sus objetos procesales el lavado de activos de origen ilícito.
Con esa herramienta, el juez del caso podría disponer la reserva de la identidad del testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación.
A esta altura del partido es ya una certeza que la Corte Suprema de Justicia se inclinará a favor del fuero federal en el conflicto de competencias con el ámbito provincial.
En el caso de los detenidos, si bien están bajo la órbita de las fuerzas provinciales, ellos se encuentran a disposición de los dos tribunales intervinientes.
