Resistencia. El Ministerio Público Fiscal cerró sus alegatos este viernes y pidió las mismas penas tanto para la exintendente de la capital que fue nuevamente candidata del Rozismo radical y como para el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.
Este viernes el Ministerio Público Fiscal finalizó con los alegatos en el marco de la causa denominada como «Lavado II» o «PIMP» en la que involucra a la exintendente en tres oportunidades de Resistencia, Aída Ayala y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, como los principales imputados.
En ese contexto, y tras una larga jornada que se extendió por casi cuatro horas, la fiscalía federal pidió 10 años de prisión para Aída Ayala y para Jacinto Sampayo por considerarlos penalmente responsables de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de los deberes del funcionario público y defraudación contra la administración pública. Además, Aída Ayala quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
Por otro lado, se pidió una sentencia de ocho años de prisión para los empresarios Carlos Huidobro, Alejandro Fischer y Pedro Alberto Martínez, acusados de defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado.
El MPF solicitó una condena de siete años de prisión como partícipe necesaria de los delitos de defraudación a la administración pública y lavado de activos agravado para Patricia Vázquez. Mientras que Rolando Acuña, exdirector de la empresa Pimp, se requirió una pena de siete años de prisión como partícipe necesario de los delitos de defraudación a la administración pública y lavado de activos agravado.En ese marco, Eulalio Bouza enfrenta una solicitud de cuatro años de prisión como partícipe necesario en el delito de defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado.
El fiscal Carniel también pidió una condena de tres años de prisión para Fátima Rigassio por su papel como partícipe necesaria en los delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado. Asimismo, se sugiere una pena similar para Luis Escobar y Diego Martínez Guarino, considerados partícipes secundarios en dichos delitos.
Finalmente, se pidió la absolución de Natalia Martínez Guarino debido a la duda razonable sobre su participación.
LA CAUSA
Conocida como «Lavado II» o «PIMP», busca determinar si se favoreció a la empresa PIMPS.A. con la licitación para recolección de residuos en Resistencia. Los imputados enfrentan cargos que incluyen asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes y lavado de activos agravado.
Para los fiscales, Ayala favoreció indebidamente a la empresa «Pimp S.A.» con contratos de recolección de basura que resultaron en un presunto lavado de 260 millones de pesos . Según la fiscalía, la empresa «Pimp S.A.» fue creada con el propósito específico de obtener contratos municipales en Resistencia, y que Ayala y Sampayo fueron los ideólogos de la maniobra, que se extendió desde 2014 hasta 2018.
