Resistencia. El requerimiento, que ahora deberá ser evaluado por el juez del caso, alcanza a la esposa y los hijos del jefe piquetero. Todos permanecen detenidos desde el año pasado.
La detención, el año pasado, de Ramón «Tito» López fue uno de los hechos judiciales y políticos más importantes de 2024, por el peso del involucrado en consideración a su condición de jefe de uno de los dos movimientos piqueteros más importantes del Chaco. El otro referente, Emerenciano Sena, ya se encontraba preso desde 2023 por posibles vínculos con el asesinato de Cecilia Strzyzowski, la esposa de su hijo César.
En el caso de López, titular del Movimiento 17 de Julio, las imputaciones que pesan sobre él tienen que ver con el asombroso incremento de su situación patrimonial, ya que en dos décadas pasó de subsistir como «carrero» de Resistencia a poseer propiedades que él mismo situó tiempo atrás por encima de los 1.600 millones de pesos.
El fiscal Patricio Sabadini decidió poner la lupa sobre la historia de López y ordenó su detención, a la vez que se disparaban numerosos allanamientos en toda la provincia para constatar cuáles son las propiedades del clan familiar (que completan la esposa y los hijos del dirigente) y secuestrar documentación y dispositivos digitales.
Ahora, al cabo de una amplia investigación que concentró un voluminoso cuerpo de pruebas, el fiscal pide la elevacción a juicio de la causa, en un documento de 90 carillas al que tuvo acceso NORTE.
LAS PENAS PREVISTAS
En ese escrito, Sabadini solicita que se ponga en instrumente el enjuiciamiento de López, su esposa Librada Beatriz Romero y sus hijos David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando López.
El fiscal encuadra el requerimiento en la convicción de que cometieron los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y fraude contra la administración pública. Con ese marco, las penas, en caso de una sentencia condenatoria, podrían ir de los cuatro años y medio a quince años de prisión.
El proceso genera también la posibilidad de que ramifique responsabilidades, ya que podría esclarecer qué otros integrantes tenía la red de lavado y si los funcionarios de la gestión de Jorge Capitanich que transferían millonarios fondos a las organizaciones del clan actuaron dentro de la ley o eran de algún modo cómplices de los ilícitos que se cometían.
Desde su detención, López viene afirmando que es inocente de todos los cargos que pesan sobre él, y le atribuye animosidad en su contra al fiscal Sabadini. Antes de las elecciones de mayo, dijo que era mantenido en prisión «para perjudicar a Capitanich», en razón de toda la información que quedó expuesta acerca de los flujos financieros entre el gobierno anterior y los movimientos y fundaciones «truchas» que manejaba el clan piquetero.
La investigación fiscal determinó que López, su esposa y sus hijos son propietarios de numerosos inmuebles, campos, un gran lote de vehículos, ganado y maquinaria rural.
