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Se complica más la situación procesal de Lugo, el ex ministro de Bacileff y Peppo

Resistencia. La Justicia amplió el procesamiento donde se investiga el desvío de fondos por 8.6 millones de pesos.

La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, amplió el procesamiento con prisión preventiva del empresario Roberto Lugo, quien se encuentra con arresto domiciliario desde el 4 de febrero pasado. También lo hizo con la contadora Patricia Vázquez, como coautora, a quién trabó un embargo por $50 millones y Claudio Amarilla, como partícipe necesario, a quien embargó por $25 millones.

Luego de habilitar la feria judicial extraordinaria, la magistrada federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, resolvió ampliar el procesamiento con prisión preventiva del empresario supermercadista Roberto Lugo, como coautor del delito de lavado de dinero por la presunta inyección de dinero ilícito en el circuito legal luego de su paso por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Chaco durante el interinato de Juan Carlos Bacileff Ivanoff . Lugo, procesado y elevado a juicio en otras causas vinculadas a esta, fue detenido en marzo de 2018 y desde el 4 de febrero pasado se encuentra cumpliendo arresto domiciliario. Además de Lugo, la medida también alcanza a la contadora Patricia Vázquez, como coautora del mismo delito, a quién la jueza le trabó un embargo por 50 millones de pesos y Carlos Amarilla, como partícipe necesario, embargado por 25 millones de pesos. Estos últimos, sin prisión preventiva.

Por otro lado, la jueza Niremperger ratificó el embargo de los bienes de la empresa Real Comercializadora SRL por 200 millones de pesos y ordenó el embargo preventivo de tres bienes inmuebles a nombre de personas diferentes hasta alcanzar el monto del embargo dispuesto para los bienes de Lugo.

El requerimiento de ampliación del procesamiento contra Lugo, Vázquez y Amarilla, fue presentado en diciembre de 2019 por el fiscal federal Patricio Sabadini.

Lo que se investiga

La investigación ubica a Lugo como presunto jefe de una asociación ilícita que habría utilizado los cargos que ocupó durante distintas gestiones del gobierno del Chaco “para beneficiar a varias personas de su ámbito personal y de confianza, favoreciendo la contratación de sociedades afines, previamente inscripta como proveedores del Estado en el área donde ejercía su cargo, en este caso particular a las firmas: Finza SA, Intranea SA, Real Comercializadora SRL, Insumos y Productos del Paraná SA, entre otras”.

Estas maniobras son investigadas por un equipo de fiscales provinciales, mientras a lo que apunta la investigación federal es a determinar adónde fueron a parar esos fondos públicos obtenidos en forma ilícita y la fuerte sospecha es que fueron destinados a distintas inversiones inmobiliarias para darle apariencia de legalidad. Se trata del delito de lavado de dinero, penado por el artículo 303 del Código Penal de la República Argentina.

La investigación apunta a dos actividades de blanqueo del dinero ilícito: operaciones inmobiliarias y compraventa de otros bienes registrables. Según surge del auto de procesamiento, la contadora Patricia Vázquez habría ocupado un rol central dentro del entramado, teniendo en cuenta que fue empleada en las empresas de Lugo y además tiene un parentesco familiar por ser su prima.

Vale recordar que Lugo se desempeñó entre diciembre de 2011 hasta noviembre de 2013 como subsecretario de Gobierno y Culto (gestión Capitanich); de diciembre de 2013 a marzo de 2015 como ministro de Desarrollo Social (gestión Bacileff Ivanoff); y desde diciembre de 2015 a marzo de 2018 como subsecretario de Comercio y Servicios (gestión Peppo).

Según consigna el auto de procesamiento el desvío de los fondos públicos alcanzaría una suma estimativa total superior a los 8.6 millones de pesos.