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Se confirmó juicio oral a Horacio Rey, Roberto Lugo y una veintena de personas vinculadas al Peppismo

Resistencia. La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, confirmó este viernes la elevación a juicio oral de la causa por lavado de dinero que involucra, entre otros, al exsecretario general de Gobierno, Horacio Rey, al exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo, y otras 26 personas procesadas.

La jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, clausuró este viernes la etapa procesal y elevó a juicio la causa en la que están procesados con prisión preventiva (domiciliaria) el exsecretario General de la Gobernación, Horacio Rey, y el exsecretario de Comercio, Roberto Lugo, entre otros.

La magistrada recordó además que, junto a Rey y Lugo, deberán sentarse en el banquillo de los acusados Mónica Viviana Yaczuk (esposa de Lugo); Claudia Soledad Varela (esposa de Retamozo y presunta prestanombre); Ricardo Ariel Retamozo (excoordinador del Programa de Argentina Trabaja); Gustavo Katavich (exempleado de la Fiduciaria del Norte y excoordinador del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial); el contador, Cesar Orlando Zibecchi e Ismael Ángel Fernández (cuñado de Rey).

También lo harán Cristina Mariel Dellamea (sobrina de la esposa de Lugo); Ramón Chávez (presunto prestanombre); Carlos David Osuna (presunto recaudador de las pautas truchas); Miguel Vilte (exsubsecretario de Economía del municipio de Resistencia durante la gestión de Aída Ayala); María Yaczuk; Lidia Clara Kyocapumisz; Maria Laura Aguirre; Ivan Alejandro Bilcich; Cataline Jackeline Rodriguez; Silvia Carina Simcik; Mónica Mabel Boravach; Soledad Ivanna Sánchez Pardo; Cristian y Santiago Samaniego; Mariano Damián González; Romina Gisele Fernández; Elsa Borovach; Silvana Lorena Vallejo; Patricia Noemí Vázquez y Carlos Manuel Amarilla.

Tanto a Rey como a Lugo se le imputa el delito de lavado de activos por habitualidad y ser miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, y por su calidad de funcionario público. Todo en calidad de autores. Dentro de esta imputación también se encuentran Varela, Retamozo, Mónica Yaczuk, Chavez, Dellamea y patricia Vázquez. Al resto de los imputados, se los acusa de ser partícipes primarios o secundarios.

Niremperger explicó además que Rey, Lugo, Retamozo, Katavich y Zibecchi continuarán con prisión preventiva morigerada, ya que recibieron el beneficio del arresto domiciliario al comienzo de la pandemia por COVID-19.

El mecanismo

Cabe recordar que en el escrito donde solicitó la elevación a juicio, el fiscal Patricio Sabadini, explicó que el mecanismo con el que se produjeron presuntos hechos de corrupción en el gobierno provincial tenían dos cabezas visibles: Horacio Rey y Roberto Lugo.

De acuerdo al fiscal, ambos utilizaron su jerarquía e influencia como funcionarios públicos de alto rango del Gobierno de la Provincia del Chaco para cometer estos hechos y desempeñaron un rol determinante en la materialización de los delitos precedentes al lavado de activo, cuya investigación cursa en el fuero provincial.

También se los acusa de haber pergeñando la estructura funcional y mecánica utilizada para volcar posteriormente los fondos producidos de esta actividad ilícita, logrando el reciclaje del dinero, con la finalidad de otorgarle una apariencia lícita.

En la elevación a juicio, se menciona que Rey, en su carácter de funcionario público a cargo de la Secretaría General de Gobierno y Coordinación de la Provincia del Chaco, se desempeñó como autoridad de aplicación del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO) a través de Fiduciaria del Norte S.A, lo que le permitió tener un manejo discrecional para efectuar contrataciones directas con distintas sociedades beneficiadas, como así también, disponer los montos y modalidad de pago a las mismas.

Con el manejo del Fideicomiso de administración de publicidad oficial y mencionado sistema de gestión, Rey habría pergeñado un esquema ilícito a gran escala para la concreción de reiterados hechos defraudatorios y posterior retorno ilícito y aplicación de los dineros proveniente del erario público con la participación de las siguientes fundaciones y sociedades creadas al efecto.

En relación a Lugo, también se indica que a partir del poder relativo, habría facilitado la contratación y negociados por altas sumas de dinero como proveedores del estado de la provincia del Chaco a personas de su confianza y familiares, a través de las siguientes empresas: Real Comercializadora S.R.L., vinculada a Ricardo Retamozo (amigo y personal de gabinete durante su gestión) y Claudia Soledad Varela (esposa de Retamozo), la cual a la vez fue proveedora unipersonal bajo el nombre de fantasía Proveeduría Sol.

También estaba la firma FINZA S.A., cuya presidenta era Mónica Yaczuck (pareja de Lugo) en las que participaron Maria Elena Yaczuk (hermana) y Silvia Carina Simcik; la empresa INTRANEA S.A., integrada por Lidia Clara Kyocapumisz (madre de Yaczuk y suegra de Lugo), Silvia Simcik y Monica Viviana Yaczuk; Carlos Manuel Amarilla, como proveedor unipersonal bajo los nombres “Expreso Roca” y “Amcar Distribuciones”; e INSUMOS Y PRODUCTOS DEL PARANA S.A, con intervención de Patricia Noemí Vázquez, entre otras.

“Este esquema societario se utilizó luego para la aplicación de los retornos y fondos obtenidos ilícitamente, registrándose un crecimiento patrimonial considerable en las personas físicas y jurídicas mencionadas que se vincularon en una etapa posterior, como socios y testaferros de Lugo, quien también incrementó su patrimonio personal de manera incompatible con sus ingresos lícitos”, señaló Sabadini.

“Como consecuencia del examen integral de las operaciones celebradas con intervención de personas físicas y jurídicas vinculadas a Roberto Lugo, podría afirmarse que el esquema de reciclaje dinerario y lavado de activos planteado por la presunta organización criminal investigada, se habría diversificado principalmente a la adquisición de embarcaciones, vehículos y otros bienes muebles registrables, operaciones inmobiliarias, como así la inyección de dinero en efectivo, capitalización y operaciones de diversa naturaleza entre las razones sociales que conforman un entramado societario bajo el manejo económico y funcional del imputado de mención”, añadió el fiscal.