Sáenz Peña. El sitio ChM repasó un hecho ocurrido esta semana en ruta nacional 16 y también en 95, protagonizado por gremialistas y líderes piqueteros. Los usuarios habituales de la ruta, trabajadores en su gran mayoría, no pudieron circular por los piquetes. El delito pasa desapercibido porque ni el Gobierno provincial ni la Justicia Federal quieren actuar.
Esta semana se lo vió al derrotado dirigente gremial Juan Carlos Sobrecasa (perdió las elecciones del pasado 11 de agosto) estar al frente de la comisión de un nuevo delito, en representación de sectores populares que reclamaban más asistencialismo para comedores.
Una publicación en las redes sociales junto a un número importante de fotografías (como la que grafica esta nota) indicaba: «En la mañana de hoy CTA Autónoma Regional Sáenz Peña «Gestión Sobrecasa Juan Carlos» acompañado a los Movimientos Sociales y Compañeros/as Precarizados y un conjunto de Merenderos y Comedores Sociales en el corte de Ruta próximo a la Rotonda de Nuestra Ciudad. Reclamando salarios dignos adeudados por el Gobierno Provincial y Municipal. Cómo así también asistencia con mercaderías y lo esencial para mermar la necesidad en dichos merendero de la ciudad y alrededores».
Cortar una calle, ruta o autopista configura un delito que se sanciona con una pena de prisión. Así lo establece el Código Penal vigente, lo que revalidaron durante los últimos meses numerosos fallos en distintos juzgados del país.
Enmarcado dentro del capítulo sobre los «delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación», el artículo 194 del Código Penal determina que «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».
El derecho a transitar libremente por las rutas nacionales que surcan nuestro territorio provincial, tiene su amparo constitucional en el artículo14 de nuestra Constitución Nacional. Pero en nuestra provincia, ni el Gobierno provincial de Capitanich que alimentó a los movimientos sociales que se transformaron en insaciables ni la Justicia Federal que no mira esta cuestión, hacen nada al respecto.
Y al corte de ruta, hay otro ingrediente: los niños en los piquetes. Niños que deberían estar en la escuela, o jugando, porque para eso el Estado otorga a sus padres las denominadas Asignaciones Universales por Hijo.
Ningún político debate esto, porque todos alimentan, incluso los lideres piqueteros y los gremialistas, su poder en esto. Y cuando al fin en la Legislatura apareció un planteo de sancionar con la quita de planes sociales a agrupaciones que lleven a menores de edad a piquetes de protesta, todos saltaron.
Dónde queda “la protección del interés superior del niño” entonces? Algunos se jactan hablando de la cuestión, pero al igual que el Presidente Alberto Fernández que decretó un feriado para que el pueblo marche en favor de la vida (tras el atentado a Cristina) impulsaron y aplaudieron una ley para matar niños por nacer.
