Sáenz Peña. Ni la policía ni la Municipalidad, nadie se hace cargo de la situación. Los automovilistas lo sufren a diario y ahora en mayor medida. La supuesta práctica de «cuidacoche» se apoderó de la plaza central y alrededores.
El sector mas crítico es frente al Nuevo Banco del Chaco, por calle 7. Allí no solo hay quienes «cuidan» los autos sino también las motos. Pero la actividad creció ahora por calle 10 frente a la Catedral, también en calle 5 donde (al igual que la 7) se continúa estacionando en 45º.
En los últimos tiempos también se observan en lugares cercanos a pizzerías y bares. Los boliches y Pab son otro escenario utilizado para la práctica donde la recaudación varia entre 900 y 1500 pesos por día (al rededor de 30 mil al mes).
Al igual de lo denominados «coleros» en los bancos los «trapitos» cuentan con protección policial y/o connivencia (es decir acuerdo o complicidad entre dos o más personas, o bien tolerancia de un superior en relación con las faltas que cometen sus subordinados).
La realidad cruda sobre esta situación (más allá dela falta de trabajo formal) es que esta suerte de red de extorsión y chantaje se expande por la ciudad, mientras áreas del gobierno local y la Policía provincial se pasan la responsabilidad del control, amparándose en los límites que impone la ley.
En realidad no hay denuncias formales, la gente no quiere problemas y menos con gente que siempre o casi siempre está ebria. Hay una baja credibilidad por el accionar nulo de las autoridades.
Muchas preguntas surgen, como ¿por qué no se encuentra una salida a esta situación, en la que la contribución «a voluntad» se convierte en una exigencia de 20 o 50 pesos en muchas ocasiones? ¿Es imposible detectar y diferenciar a quienes proceden en forma mafiosa y actuar en consecuencia?
El factor común existente ante esta situación es la sumisión de la gente ante la extorsión de un desconocido que se acerca a su vehículo. Esta supuesta contribución «a voluntad» es una extorsión, igual al famoso «cobro de pejae» en los cortes de rutas o calles, y esta contemplado en el artículo 168 del Código Procesal Peral, pero claro en Sáenz Peña no hay fiscales que actúen de oficio o que verdaderamente tengan ganas de laburar.
Los «trapitos» ganan cada vez más terreno. No hay iniciativas legislativas para regularlos o prohibirlos. Existe un vacío legal que impide controles y favorece la connivencia policial. Y el remedio más práctico, que sería el estacionamiento medido, se tarda en su aplicación.
