Salta. Luego de dos días de que el Senado aprobó el proyecto de ley que legaliza el aborto en Argentina, el juez Miguel Medina, a cargo del juzgado federal N° 2 de Salta, decidió tomar el pedido de los representantes del lado «celeste», quienes sostienen que el protocolo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), es inconstitucional.
Los denunciantes sostienen en el escrito que el protocolo que se aprobó en el Congreso es “inconstitucional en tanto elimina el deber estatal de protección del derecho a la vida de un número indeterminado de niños por nacer en virtud de la ilegal ampliación de la inimputabilidad penal a casos no previstos en los supuestos de hecho contemplados en el art. 86, incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación”.
Además, sostienen que “posibilita que se realicen actos crueles e inhumanos prohibidos por el artículo 18 de la Constitución Nacional, como ser matar a los embriones con el corazón ya latiendo y a los fetos totalmente formados dado que no se fija límite temporal alguno”.
El petitorio se presentó 20 días atrás en el mismo juzgado e implicaba una denuncia en contra del Ministerio de Salud de la Nación. Se buscaba “promover acción declarativa de inconstitucionalidad, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), la inconstitucionalidad del citado protocolo, que el ‘ser humano’ existe desde el momento mismo de la concepción, que nuestra Constitución Nacional lo considera ‘niño’ al ser humano a partir del momento de la concepción y que por esa condición el niño no nacido tiene derecho intrínseco a la vida del que no puede ser privado”.
La nueva ley establece que el aborto voluntario no es considerado delito en Argentina hasta la semana 14 de gestación y regula las condiciones para el acceso a esa práctica, al tiempo que permite la objeción de conciencia por parte del personal de salud.
