Sáenz Peña. El defensor oficial pidió Habeas Corpus tras supuestos operativos policiales ocurridos en Quitilipi. El juez de Garantías solicitó un informe con detalles de lo sucedido. Y desde la Policía responden que a fuerza defiende «a la gente de bien».
La discusión que se da pone de manifiesto cuál es la interpretación de derechos humanos que tiene el gobierno provincial en la persona de quien conduce la fuerza policial. Está por demás claro que conducción verticalista de la Policía en esta gestión tiene más potenciada la defensa de sus integrantes a como de lugar y son importar las acciones, dejando de lado que el Estado en este caso representado por «la fuerza policial» no debiera realizar acciones sin garantizar que se respeten derechos irrenunciables que hacen a la persona.
Tras una acción de Habeas Corpus que interpuso defensor oficial de Sáenz Peña, la Justicia requirió información detallada sobre el presuntos opertativos conocidos como «razzias» ocurrido en Quitilipi.
Autoridades de la Policía indicaron que «siempre están del lado de los derechos de la gente de bien».
«El Defensor Oficial de Sáenz Peña, intenta poner límites al accionar de la Comisaría Quitilipi, muy a contramano del reclamo del ciudadano de bien que reclama combatir la delincuencia», comentó el Jefe de la Policía, Fernando Romero.
En tanto que en un grupo de WhatsApp que comparte con periodistas locales, Romero se jactó de la medida y la nombró sin eufemismos. “Razzia en Quitilipi, el que no porta DNI y no justifica presencia (a) altas horas de la madrugada, a la jaula”, cita en una publicación El Diario de Sáenz Peña.
El Juzgado de Garantías II requirió información detallada sobre el presunto operativo policial que se realizó en Quitilipi donde se habrían detenidos a personas «para intimidarlas».
Quitilipi esta sumido en una situación de descontrol por la ola de delitos, donde la conducción policial de la ciudad de la Amistad está recibiendo numerosas críticas y reclamos de la ciudadanía, y en ese marco aseguran que la Policía realiza operativos que implican la interceptación, demora y detención de personas en la vía pública con el único propósito de identificarlas, intimidarlas y coartar su libre circulación.
