19 abril, 2024

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Abogados, escribanos, vecinos, comerciantes y un ex juez civil, serían enjuiciados este año en la ruidosa causa «estafas inmobiliarias»

Sáenz Peña. La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña recibió en los últimos días el pedido de elevación a juicio en la causa por supuesta asociación ilícita agravada, conocida como la «mega estafa inmobiliaria» que tiene a 18 imputados tras una denuncia presentada en 2016.

En principio, según anticipó DiarioChaco, la investigación había sido elevada a juicio en 2019 y el expediente recayó en la Cámara Segunda en lo Criminal, pero hubo una serie de planteos y la causa volvió a la Fiscalía N°1 a cargo de Liliana Lupi. Tras resolver los planteos, finalmente la causa continuó su rumbo.

La investigación lleva más de dos años e involucra a 18 personas. La denuncia inicial fue realizada por Gladys Núñez en 2016. A medida que avanzaron las pesquisas, hubo varios detenidos, los delitos fueron readecuados y pedidos de cese de prisión bajo cauciones millonarias.

Pablo García abrazó la figura de «arrepentido», algo que fue discutido por no encuadrarse en el CP de la provincia.

Tal es así que, al momento de la llegada del juicio, los 18 imputados permanecen en libertad. Las fiscales concluyeron que «estaba acreditada la existencia y materialidad de los ilícitos investigados».

Además, resaltaron  la intervención de los imputados Juan Manuel Miclig, Pedro Alejandro Juárez, Pablo Sebastián García y Eduardo Correa Germana como organizadores; y Karina Alejandra Pavlicek, Mauro Mirko Handl, Ricardo Pasich y Jorge Krombholz como «miembros de la asociación ilícita».

El expediente de la causa tiene un total de 7 cuerpos y, la requisitoria, más de 300 fojas. Entre los imputados se encuentran abogados, escribanos, vecinos, comerciantes y un ex juez civil de Sáenz Peña.

Respecto a los delitos caratulados, figuran estafa, malversación impropia, estafa procesal, asociación ilícita, asociación ilícita agravada, uso de documento falso en 26 hechos, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y uso de documento falso agravado -en el caso del ex juez Juárez-, cohecho activo, estafa y defraudación especial, entre otros.

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