Resistencia. El Ministerio de Salud Pública logró extender la campaña de vacunación equitativamente los municipios mediante un Plan estratégico en tres etapas. La campaña inició el 29 de diciembre con el personal de salud pública y privada, fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y adultos mayores alojados en residencias.
Respecto de la aplicación de dosis a población objetivo que no estuviera comprendida en la primera etapa de vacunación, el Ministerio de Salud se encuentra investigando acerca de la administración y aplicación de de dosis a población objetivo que no estuviera comprendida en la primera etapa de vacunación. En este sentido, se aplicarán las sanciones correspondientes a los responsables de no cumplir con el protocolo establecido por la provincia en la entrega de vacunas.
Dos casos emblemáticos son el ocurrido con la secretaria de Gobierno de Tres Isletas y ahora lo sucedido en Miraflores. En el primero la secretaria de Gobierno del radical Layo Perduk se vacunó sin ser persona de riesgo. Andrea Zinczuk posteó imágenes suyas recibiendo la dosis en sus estados de WhatsApp e Instagram, y las borró cuando le advirtieron que habría polémicas. Pero las imágenes aparecieron y enojan a los vecinos. La funcionaria recibió la dosis el día en que el personal de la salud de Tres Isletas fue inoculado, es más, lo habría hecho antes que ese personal esencial pese a su joven edad, a no ser persona de riesgo, ni personal de salud o seguridad activa.
En el segundo episodio que cobra estado público la ciudadana María Luisa Pizzi, la lista de personas vacunadas por fuera del orden establecido incluiría a familiares y conocidos del director del Hospital Darío Effemberger, sobrino del intendente radical Vicente González. Además de los familiares del director del hospital,entre los mencionados se encuentra José Eduardo Ruiz un dirigente local de ATECH de 36 años, y por lo sucedido la entidad le pidió la renuncia al delegado.
A raíz de los acontecimientos a nivel nacional por el “Vacunatorio VIP” en el Ministerio de Salud, que le costó el puesto al ministro Ginés González García, el fiscal federal de Sáenz Peña Carlos Amat inicio una investigación de oficio en el Chaco.
Amat advierte que “hay alguna hipótesis delictiva, hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público, hay abuso de autoridad, hay tráfico de influencia y puede haber incluso hasta peculado”.
Esto es así porque “hay un instrumento que emitió el propio estado federal en cuanto a las vacunas, porque no debemos olvidar que las vacunas que reparte el gobierno las paga el estado federal, es decir hay fondos federales que están incluidos y hay un protocolo importante donde se definen un montón de cosas respecto a la vacunación”, concluyó.
