Resistencia. El autor de la norma, el diputado Livio Gutiérrez, defendió y resaltó que se trata de «una cuestión de razonabilidad». Lo hizo tras conocerse que organismos de derechos humanos y la misma Provincia buscar no aplicar la ley provincial que no prohíbe el uso de teléfonos celulares por parte de presos sino que limita su uso.
«Esto no es de izquierda o derecha, es una ley razonable. Es una cuestión de razonabilidad lo que estamos planteando. Necesitamos un país que sea razonable, y la ley que tuvo 24 votos en la Cámara es una ley razonable. Hay que estar del lado de la gente honesta», reclamó el legislador.
Sanción por consenso
La iniciativa es de 2016 y tardó varios años en ser tratada. En la última sesión fue considerada, y consiguió el apoyo de legisladores de otras bancadas. No es una ley de una sola bancada, tuvo 24 votos positivos (sobre un total de 32 legisladores que componen la Legislatura)», explicó.
Gutiérrez también destacó que la norma, que ahora debe ser promulgada por el gobierno, «no es una ley que tenga que ver con restricciones de derechos, porque está asegurada la comunicación de los detenidos con teléfonos públicos que deberán instalarse dentro de cada centro penitenciario».
El texto aprobado establece que en los centros de reclusión del Estado provincial se deberán instalar inhibidores, es decir equipos que bloqueen la posibilidad de que los teléfonos celulares que estén dentro de las cárceles tengan señal. La iniciativa, que está sancionada y debe ser promulgada por el gobierno provincial para quedar vigente, fue criticada por organismos de derechos humanos y el Comité de Prevención de la Tortura, que sostienen que prohibir la tenencia de celulares por parte de los presos viola sus derechos y no contribuye a su resocialización.
«Estamos dando un marco para que gobierno dicte una reglamentación que permita instrumentar esta ley. Esto no es un acto de crueldad. Incluso la cuestión educativa, que algunos plantean, se puede resolver. Hay un artículo que prevé la posibilidad de instalar internet inalámbrico para que el profesor, si es necesario, entregue la tablet al detenido para que haga lo que tiene que ser, y luego el profesor se lleve las tablets», planteó Gutiérrez.
El legislador resaltó que, por ello, lo que buscó con su proyecto, sancionado en la Legislatura, «es darle más seguridad a la gente honesta. Hay que darle paz a la sociedad. La ley asegura que los detenidos puedan estudiar, y en cuanto a la comunicación prevé que se coloquen teléfonos fijos que puedan utilizar gratuitamente cuando necesiten y corresponda hablar con sus familiares o sus defensores».
«Esto no es de izquierda o derecha, es una ley razonable. Es una cuestión de razonabilidad lo que estamos planteando. Necesitamos un país que sea razonable, y la ley que tuvo 24 votos en la Cámara es una ley razonable», definió.
«Hay que estar del lado de la gente. A la gente honesta le cuesta pagar su celular, pagar internet, y lo sufre, pero ve que del otro lado (en las cárceles) hay sueldos (para los presos), internet libre, celulares gratis, eso no se compadece con lo que viven los demás. No es una cuestión de castigo, sino de equilibrio. Insisto con la razonabilidad porque me parece que es la palabra clave en esta discusión», subrayó.
El proyecto de ley fue aprobado por amplia mayoría y el apoyo de diputados de los principales bloques parlamentarios, pero fue objetado por organismos de derechos humanos que anticiparon, en algunos casos, que recurrirán a la justicia para solicitar que la norma se declare inconstitucional.
La norma no está aún vigente porque debe ser promulgada por el gobierno.
