¿Cuánto pesa Aída Ayala en la balanza de la Justicia?

Por Darío Zarco (*)

En el fragor de la campaña proselitista de 2015 el Frente Chaco Merece Más y Vamos Chaco intercambiaron hostilidades que poco después pasaron al olvido.

Entre las armas blandidas por los detractores de la entonces intendente y candidata a gobernadora Aída Ayala, aparecieron denuncias sobre cuestiones borrascosas en torno a los contratos de la Municipalidad de Resistencia con empresas constructoras y de servicios públicos.

El tip más recurrente fue el convenio multimillonario para recoger residuos con la compañía Pimp SA, atribuída al “(ex) yerno de Aída”, como se conoció siempre al abogado Alejandro Fischer, encargado de contratar a la prensa y organizar eventos, entre otros roles relacionados a la actividad política de la ahora diputada nacional. Y aunque éste también fue el “apoderado” de la Fundación Construir, la usina de ideas que desarrolló el programa de gobierno de Aída 2015, eso no superó los motes de “yerno” y “dueño de Pimp”, aunque en los papeles su esposa y dueña de la empresa era y es Fátima Rigassio.

En aquellos días, la lupa también se posó sobre cómo la empresa Ingeniero Pedro Martínez Construcciones ganaba de taquito las licitaciones de obras públicas, y cuántos casilleros avanzaba la constructora Tecmasa, que las malas lenguas ya atribuían al líder del Sindicato de Trabajadores Municipales: Jacinto Sampayo, a nombre de Carlos Huidobro, de quien se dice que “no podía cagar de seco” pero un día apareció “cagado en guita”, con casa “prestada” en La California, 4×4 e implantes capilares, entre otros gustos que ni habría soñado darse.

Todo eso fue a parar a la Justicia, pero después de un imperceptible stop and go, todo siguió viento en popa y hasta el Tribunal de Cuentas que revisó las boletas y la letra chica le dio el ok y archivó como “habladurías” lo que para la entonces intendente sólo era barro de campaña.

Aída Ayala perdió aquellas elecciones con Domingo Peppo.

Sin embargo, funcionarios, empresarios verdaderos y falsos, y sindicalistas que ganaban cuando ella ganaba, no perdieron cuando ella perdió. Por el contrario, se consolidaron como una argamasa especial para amurar negocios capaces de trascender cualquier gestión.

Jorge Capitanich, que era gobernador, se convirtió en intendente de Resistencia y renegoció los contratos heredados, empezando por el tan cuestionado con Pimp SA, logrando ahorros millonarios, como tantas veces remarcó. Entonces: antes era carísimo o ahora es baratísimo, porque las dos cosas no pueden ser ciertas.

Pimp cambió de precios pero no de dueños, por lo que los cuestionamientos a la conformación de su capital y los verdaderos nombres propios detrás de los camiones de basura siguen intactos y seguramente también fueron puestos sobre la mesa de renegociación.

Este combo incluyó al mítico Jacinto Sampayo, que mojó un concejal con la lista de Vamos Chaco, pero con el escrutinio puesto pasó de aliado de Aída a aliado de Coqui, al punto de designar como su abogado defensor a Jorge Alcántara, un histórico asesor y exfuncionario de Capitanich y ahora síndico del Nuevo Banco del Chaco, ergo: funcionario de Domingo Peppo.

La basura en torno a Pimp y otras empresas contratadas por la Municipalidad terminó en la causa Lavado 2, que comenzó con la detención del Negro Sampayo, su esposa Mónica Centurión, y su hijo Facundo, Huidobro, Fischer y Rigassio. Y casi un mes después, tras un paréntesis con secreto de sumario, llegaron novedades.

“Pretender involucrarme en hechos de corrupción es una infamia”, había dicho el gobernador Domingo Peppo al definir como “una maniobra política de la oposición” la incipiente investigación sobre el manejo de fondos nacionales para viviendas durante su gestión en el Ipuduv que el fiscal Patricio Sabadini llamó “lavado y enjuague”.

Pero un minuto después el mismo fiscal pidió el desafuero y la detención de Aída Ayala, a quien consideró “la jefa de la banda” en la causa Lavado 2; y de otras cuatro personas responsables de las empresas Pimp, Tecmasa e Ingeco.

Muchas medidas parecen tomadas sólo para equilibrar la mondana pero, denuncia anónima o vendetta mediante, parece que al menos la Justicia Federal se propuso desmadejar la urdimbre de la administración pública en la que ya está demostrado que nadie da puntada sin hilo.

El requerimiento del fiscal arruinó el argumento de la justicia politizada de Peppo y dejó en claro que aunque la política meta la cola, a cualquiera le puede tocar.

El runrún de los últimos días decía que Aída y Mingo competían por llegar a la cárcel. Ella negó todo pero ya llegó.

(*) Publicado en HDPnoticias