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El fiscal que investigó la corrupción en el gobierno chaqueño y otros funcionarios es juez del TOF

Resistencia. La Cámara de Senadores de la Nación aprobó la designación de Patricio Sabadini y Enrique Bosch como jueces del Tribunal Oral Federal de Resistencia.

Tanto el dictamen 352/21 de acuerdo para que Enrique Bosch ocupe el cargo como juez del TOF Resistencia como el 535/21 que hizo lo propio con Patricio Sabadini tuvieron el acompañamiento de la mayoría de los senadores.

Se requerían dos tercios para la aprobación y finalmente se consiguieron 59 votos afirmativos, 0 negativos y una abstención.

Sabadini investigó a Horacio Rey del gabinete que él coordinaba en la gestión de Domingo Peppo, en la causa conocida como Lavado I, incluso el mismo Peppo fue investigado por el entonces fiscal federal. Acusó a la mano derecha del entonces gobernador y hoy Embajador de haber pergeñando una estructura funcional y mecánica utilizada para volcar posteriormente el producido de la actividad ilícita, logrando el reciclaje del dinero, con la finalidad de otorgarle una apariencia lícita.

Sabadini solicitó la investigación de los ex presidentes de IPDUV Domingo Peppo, Sebastián Agostini y José Valentín “Abá” Benítez; también del ex coordinador del organismo, Horacio Rey y del fallecido intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner. Malversación de caudales públicos, en calidad de autores; Fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores; e Incumplimiento de deberes de funcionario público, son algunos de los delitos. «Es una cuestión netamente política”, aseguró Peppo al defenderse públicamente.

El ahora juez del Tribunal Oral Federal de Resistencia también investigó a Aída Ayala, actual diputada de la Nación por la UCR, pidió que sea enviada a juicio oral por lavado de dinero. Junto con Ayala están procesadas otras 17 personas. La legisladora nacional está acusada de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.