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Lineras, Oliva y Rouvier, por pedido de Lupi, prorrogaron la prisión preventiva a Michlig, García y Correa

Sáenz Peña. Serán otros dos meses a partir de la fecha de la resolución (23 de octubre). La defensa de Pablo García, el arrepentido, cuestionó lo resuelto. El trámite es en el marco de la megacausa por estafas inmobiliarias.

El plazo para que los principales imputados continúen detenidos con prisión preventiva se cumplió recientemente, por lo que la fiscal Liliana Lupi, que todavía no culminó la investigación preparatoria para elevar a juicio el proceso, solicitó una prórroga extraordinaria.

La presentación fue efectuada ante la Cámara Primera en lo Criminal de esta ciudad, integrada por los jueces Rodolfo Lineras, Horacio Oliva y Mauricio Rouvier, quienes hicieron lugar al pedido.

Por tratarse de una causa compleja, la Cámara hizo lugar al pedido concediendo un plazo de dos meses a partir de la fecha de la resolución, el pasado 23 de octubre.

Sin embargo la resolución todavía no está firme a partir de planteos efectuados por las partes, fundamentalmente la defensa de Pablo García, quien cuestionó la constitución del tribunal.

Ahora será la Cámara Segunda en lo Criminal la que deberá resolver sobre los planteos efectuados por el defensor oficial Ariel Juárez, que patrocina a García.

Cabe recordar que el Código Procesal del Chaco, respetando los tratados internacionales de Derechos Humanos, establece en los artículos 1 y 291 inciso 3 que “la prisión preventiva no puede durar más de dos años”, pudiendo prorrogarse excepcionalmente “por un año más, como máximo, en el caso de una causa compleja de difícil investigación”, como es este caso.

Una causa que hace “tambalear” al establishment

Al cumplirse el término de los plazos establecidos por ley para las prisiones preventivas impuestas a detenidos en causas penales, Liliana Lupi, la fiscal que investiga la megacausa por estafas inmobiliarias solicitó una prórroga de las mismas para los principales imputados en este proceso: los abogados Juan Manuel Michlig, Pablo García y Germán Correa.

La fiscal Lupi investiga la megacausa por estafas inmobiliarias que dejó al descubierto un entramado de maniobras para apropiarse de inmuebles y bienes valuados en cifras millonarias, un entramado que deja al descubierto luchas de poder entre grupos de abogados, pero que alcanza también a empresarios como el caso del vendedor de autos Saez e incluso un juez que fue destituido como Juarez.

La investigación tuvo su inicio en una presentación efectuada por Gladys Núñez, en el mes de octubre de 2016, en la que planteaba que mediante supuestas maniobras fraudulentas se fraguó la venta del inmueble en el que vive desde hace más de 30 años junto a su familia. La causa tuvo en sus inicios varios detenidos, como el caso del vendedor de autos Rubén Saez, y se tomó una importante cantidad de testimoniales.

En la actualidad solo son tres las personas que continúan privadas de su libertad -los principales imputados en el proceso-, a los que además del delito de estafas y otros la fiscalía les imputa ser integrantes de una asociación ilícita en el grado de organizadores, investigación que también alcanzo al destituido juez Pedro Juárez, quien hoy se encuentra en la etapa de interposición de recursos para revertir su situación de destitución en un proceso iniciado por presuntas irregularidades en expedientes tramitados en el Juzgado del cual era titular, el Civil y Comercial 1de esta ciudad.

A Juárez solo le queda el recurso extraordinario federal y, en caso de ser ratificado lo actuado por las instancias anteriores, el fallo quedará firme y podría ser requerido e incluso hasta detenido por la fiscalía que investiga este caso, por el cual tiene en marcha otros proceso de destitución.