Buenos Aires. El detenido empresario Alberto Samid ingresó hoy a los tribunales de Comodoro Py por una puerta lateral, esposado y custodiado por agentes de la Policía Federal Argentina, con rumbo a la sala de audiencias donde se desarrolla el juicio por asociación ilícita y evasión. Además no formuló declaraciones a la prensa.
El empresario de la carne fue detenido el fin de semana en Belice y tras haber sido deportado del país, donde se encontraba prófugo, fue trasladado este martes a la Argentina. Luego de pasar la noche en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, debe prestar declaración en el Tribunal Oral Penal Económico (TOPE) 1.
El fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Económico, Gabriel Pérez Barberá, adelantó hoy que pedirá la prisión preventiva del empresario de la carne Alberto Samid, debido a que se ha profugado del país en el marco de la investigación por presunta evasión fiscal y asociación ilícita.
«Voy a pedir la prisión preventiva cuando corresponda, porque atento a que se haya ido del país, esto genera un peligro de fuga muy importante», afirmó el representante del Ministerio Público en radio La Red.
Samid declarará hoy a partir de las 10 en Comodoro Py luego de haber sido deportado ayer desde Belice, donde se encontraba prófugo, y donde fue detenido tras la declaración de una alerta roja de Interpol.
No obstante, el fiscal explicó que la de hoy será una audiencia de «réplicas de los abogados» y que «es probable que haya un veredicto recién el próximo lunes».
Pérez Barberá indicó que si el detenido «seguía compareciendo a juicio, era difícil que llegara a una situación de prisión preventiva y por eso resulta extraño e inexplicable que se haya ido».
En tanto, consultado sobre una eventual pericia psiquiátrica -adelantada por la defensa del matarife a través de los medios-, el fiscal dijo que «todo indica que no aparecen signos, por lo menos prima facie, como para ordenar algo así».
También recordó que desde la función que cumple, en el juicio había solicitado «seis años y medio de prisión» al considerar al acusado miembro de una asociación ilícita por varios años.
«Eso y otros delitos tributarios, y coacciones porque la asociación ilícita buscaba no quedar atrapada por el fisco y para evitarlo, los integrantes, apelaban a situaciones violentas particularmente contra los inspectores», indicó.
Sobre el tiempo que lleva la causa, que comenzó en 1993, el fiscal dijo que por este motivo «así como pedí un agravante de la pena por la fuga, tomé como un atenuante esa demora, por el tiempo de duración de la causa».
