Sáenz Peña. La iniciativa, presentada en la Legislatura provincial por el diputado Tati Reguera, busca incorporar la reiterancia como criterio para que los jueces puedan ordenar la prisión preventiva de personas con múltiples causas penales abiertas. Desde organizaciones de seguridad ciudadana sostienen que la medida contribuiría a reducir los delitos reiterados, aunque advierten que el principal desafío será contar con infraestructura para alojar a los detenidos.
Durante una entrevista radial, Antonio Núñez, integrante de organizaciones vinculadas a la seguridad ciudadana, respaldó el proyecto de ley de reiterancia presentado en la Cámara de Diputados del Chaco y aseguró que se trata de un reclamo que distintos sectores vienen impulsando desde hace varios años.
Según explicó, el objetivo de la iniciativa es brindar a la Justicia una herramienta para que quienes reinciden en la comisión de delitos puedan permanecer detenidos preventivamente mientras se desarrolla el proceso judicial. «Al que atrapan robando por segunda vez ya quedaría detenido hasta que se dicte la sentencia», resumió Núñez al explicar el espíritu del proyecto.
Un reclamo de larga data
El referente recordó que asociaciones civiles y foros de seguridad vienen promoviendo modificaciones legislativas destinadas a fortalecer la respuesta del Estado frente a la delincuencia reiterada.
En ese sentido, señaló que el proyecto impulsado por el diputado provincial Tati Reguera representa un paso importante para dotar a los jueces de mayores herramientas procesales.
Durante la entrevista también se aclaró que la propuesta no modifica las penas previstas en el Código Penal, sino que incorpora un criterio específico para valorar el riesgo procesal cuando una persona acumula varios procesos penales.
El gran desafío: dónde alojar a los detenidos
Uno de los principales puntos del debate estuvo centrado en la capacidad del sistema penitenciario y de las comisarías chaqueñas.
Núñez reconoció que la aplicación efectiva de la ley requerirá inversiones por parte del Estado para ampliar los espacios de alojamiento transitorio.
Entre las alternativas mencionadas figuran adaptación de contenedores marítimos; reacondicionamiento de galpones decomisados; y construcción de nuevos centros de detención transitoria.
«No alcanza con aprobar una ley; también hay que garantizar lugares adecuados para alojar a quienes queden detenidos», sostuvo.
Prevención o respuesta social
Durante la entrevista también surgió el debate sobre las causas estructurales del delito.
Mientras algunos sostienen que la inseguridad está vinculada a problemas sociales como la falta de empleo, las adicciones y la deserción escolar, Núñez consideró que esas políticas deben convivir con una respuesta firme del sistema judicial.
A su criterio, la ausencia de consecuencias concretas favorece la reiteración del delito y genera desconfianza en la ciudadanía.
La expectativa puesta en la Legislatura
El proyecto deberá ser tratado por la Legislatura provincial.
Quienes impulsan la iniciativa confían en que el oficialismo acompañará la propuesta y que, en paralelo, el Poder Ejecutivo avanzará en las inversiones necesarias para adecuar la infraestructura penitenciaria.
Desde las organizaciones que promueven la medida sostienen que la aprobación de la ley constituirá un primer paso para fortalecer la seguridad pública, aunque reconocen que su éxito dependerá también de la disponibilidad de recursos para su implementación efectiva.
