Algunos judiciales ya preparan denuncias penales contra el Gobierno de Peppo

Resistencia. Rechazan el decreto 2060/16 que destinó a la Fiduciaria del Norte los fondos obtenidos por la ley de endeudamiento.

En una asamblea realizada el jueves pasado, la agrupación “Judiciales Autoconvocados” ratificó su rechazo al decreto 2060/16 que destinó a la Fiduciaria del Norte los fondos obtenidos por la ley de endeudamiento provincial Nº 7782 para cancelar las deudas con jueces y trabajadores judiciales originadas en las sentencias favorables en la megademanda por violación a la “ley de enganche”.

En ese contexto, anticiparon que denunciarán penalmente por presunta “malversación de fondos públicos” al gobernador Domingo Peppo y al ministro de Hacienda, Cristian Ocampo, y a autoridades de la Fiduciaria del Norte. En tanto, este viernes se movilizaron por las calles de Resistencia manifestando frente a la sede del Superior Tribunal de Justicia y la Casa de Gobierno.

El camarista Víctor del Río advirtió que “tanto la reglamentación que dictó el gobierno como el destino dado a los fondos es ilegal, estamos alertando sobre esta situación”. En ese contexto, consideró que “seguramente algunas personas se van a ver compelidas en cierta forma a aceptar esta reglamentación autoimpuesta por el gobierno porque en realidad la única forma en que tendrían que pagarles, después de haber tenido una sentencia, ya no es convocándolos a la Fiscalía de Estado sino sometiéndose a acatar las sentencias en los estrados judiciales y allí hacer los acuerdos de pago”. Y alertó que “acá no solamente se le hace un acuerdo de pago sino que se le quita el 50 por ciento, no hay otra propuesta más que esta”.

“Acá no se efectúa como dice la ley sino que se llama a un grupo de personas por la necesidad, personas grandes y con necesidades económicas, que se ven como extorsionadas a tener que aceptar y a renunciar a su derecho, y van a aceptar que les paguen el 50 por ciento”, recalcó el magistrado, y reflexionó: “habrá que ver qué se hace con la plata excedente que va a quedar de allí porque estaba destinada para pagar las deudas”.

Del Río sostuvo que por otro lado tampoco “se ofrece otra forma de pago al resto más que esperar 10 años más con tasas de intereses bajísimas con lo cual el monto sería casi lo mismo a que te quiten la plata ahora”. Y cuestionó que “algunos hacen una propaganda de esto como si fuese una beneficiosa actividad comercial y ya lo hemos demostrado que sería un negocio terrible para quien pretendiera aceptar esto”.

Más de 2100 millones de pesos a la Fiduciaria

Del Río aclaró que “esa etapa de poder lograr algún acuerdo entre los actores y los demandados ya se venció hace más de tres años, hoy pretende reeditarlo el gobierno con una imposición que va contra la ley y se pretende sustraer de los estrados judiciales llevándola nuevamente a una instancia administrativa”.

En este contexto, el integrante de Judiciales Autoconvocados denunció que el gobierno provincial destinó los 2150 millones de pesos del erario público a la Fiduciaria del Norte y señaló que “aquí hay una conducta que va contra la ley y estamos analizando recurrir a organismos internacionales y ver si esto no conspira contra las normativas de tramitación de estos créditos internacionales”.

Del Río denunció que el dinero “hace dos meses que está aquí y todavía no se ha pagado a nadie. Es más, se ha interpuesto un ‘parate’ en todos los juzgados que tenían las ejecuciones, se libran órdenes de embargo al Banco del Chaco que no cumple con las órdenes judiciales, se van cambiando fondos de las cuentas públicas para evadir estas acciones. Estamos en una complejidad en donde demasiados funcionarios se están comprometiendo en conductas contra el orden jurídico, en distintos organismos, por eso estamos pidiendo que se adecúen al orden jurídico, que paguen las sentencias judiciales y que allí hagan los acuerdos como corresponden y menos que se presione a los jueces con jurys de enjuiciamiento si actúan conforme a derecho”.