Resistencia. Sin el respaldo de un grupo de diputados del oficialismo, se sancionó la ley que en principio «prohibía» y ahora «limita» el uso de celulares en unidades penitenciarias. El autor del proyecto, el radical Livio Gutiérrez, vinculó el uso de telefonía móvil a hechos delictivos y planteó la necesidad de limitarlo. Mientras que quienes se opusieron, defendieron el protocolo interpoderes vigente, además de las recomendaciones del Comité contra la Tortura, en defensa de garantías constitucionales.
El Parlamento chaqueño sancionó este miércoles la ley que limita el uso de celulares a personas privadas de su libertad. La votación resultó con 22 votos afirmativos, tres abstenciones del seno del Frente de Todos (Mariela Quirós, Nicolás Slimel, Hugo Sager), y tres votos por la permanencia en cartera en el mismo interbloque (Tere Cubells, Rodrigo Ocampo, Claudia Panzardi).
Durante el tratamiento, el diputado Livio Gutiérrez recordó que la iniciativa fue impulsada por el exlegislador justicialista Oscar Raffin y que había perdido estado parlamentario cuando la presentó luego de modificar varios ítems vinculados al uso de internet y a inhibidores de comunicación.
“Creo que la palabra clave es limitar. Hoy leía que repudiaban la prohibición y la idea de este proyecto es limitar y garantizar derechos constitucionales que tienen que ver con que tienen que tener comunicación, obviamente, un derecho constitucional. Pero también es un derecho generar que las cárceles sean sanas y limpias para seguridad de los reos. En ese marco, demasiadas condiciones edilicias no están bien en el sistema penitenciario, se necesita mejorar mucho”, remarcó.
Explicó que el objetivo, al margen de lo expuesto, es garantizar a través de líneas directas de telefonía publica dentro de las unidades la comunicación “con la advertencia de una voz pregrabada que indique que se habla desde ese teléfono”. “Hay demasiados ejemplos de estafas, de secuestros virtuales. Los más vulnerables son los adultos mayores”, aseguró y contó que atendió varios casos de secuestros virtuales.
También señaló que se pretende “mantener la cuestión educativa” con el uso de tablets, pero aclaró que “a las tablets las usamos y las devolvemos”.
Previo a que se vuelque al debate, pidió que al artículo primero se lo modifique sustituyendo “prohibición” por “limitación.
Desde el Frente de Todos, Nicolás Slimel, reconoció la necesidad de mejorar el texto del proyecto de ley, realzando lo que establece la Resolución 676/22 del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, “que plantea un protocolo interpoderes que se está aplicando y que tiene mucho vínculo con este proyecto, por lo cual me parece importante solicitar un cuarto intermedio para ponernos de acuerdo en el texto”.
El cuarto intermedio fue otorgado, sin embargo no resultó en la modificación del texto original que se mantuvo solo con la consideración de reemplazar “prohibición” por limitación”.
Previo al llamado a votación, se le concedió la palabra a la diputada por el Frente Grande, Tere Cubells, quien consideró importante rescatar la Recomendación 02/2021 del Comité contra la Tortura y dos documentos publicados por la Asociación Pensamiento Penal: “Aportes para el debate sobre el uso de telefonía celular en la cárcel”, de Alan J. Rodríguez y otros, y “Las voces acalladas. El uso del teléfono celular en la cárcel como realización del derecho fundamental a la comunicación”, del abogado Paulo Pereyra. Dicho esto, recordó que el Comité “está habilitado para participar en el proceso de formación de leyes. Y citó la última parte del artículo 18 de la Constitución Nacional sobre las aboliciones.
“Estamos trabajando sobre garantías constitucionales y derechos humanos, sobre los cuáles no podemos legislar regresivamente”, advirtió Cubells y recalcó que “tenemos marcos normativos, no estamos ante vacíos legales para nada. La norma propuesta es una clara regresión, es un retroceso, por lo que propongo su vuelta a Comisión”.
Cruces, tras la votación
Tras la votación, la diputada Claudia Panzardi reclamó que había pedido la palabra previo a votación para fundamentar su abstención. Explicó que se trata de un proyecto de ley que se radicó en la Comisión de Legislación General de la que no es parte y que “un miembro informante de nuestro bloque dijo no tener la certeza necesaria ya que el proyecto no contó con ningún informe ni opinión, lo que se nos exige para todos y cada uno de los proyectos de ley que presentamos”. “El proyecto de Alcoholemia Cero me costó más de seis años y el de Acoso Sexual Callejero, cinco años para ser aprobado. Tuve que esperar hasta contar con los informes y opiniones. No concuerdo en esta forma de aprobar”, sostuvo.
El diputado Nicolás Slimel compartió la postura de Panzardi. “No se entiende el apuro. Pasamos de prohibir a limitar. Y si hablamos de limitar solo había que ir a la Resolución 676 del protocolo Interpoderes del Ministerio de Justicia. En su anexo habla del ingreso de celulares, la prohibición del uso a terceras personas, la regulación de la tenencia, las condiciones de uso”, mencionó, incluso cuestiones de acosos o de grooming están contempladas.
“No debería ser un oportunismo político sino una ratificación por ley a esta Resolución. Esto ya se está aplicando hace un año”, remarcó.
Su par de interbloque, Mariela Quirós, expresó su “asombro” por la celeridad “y la irresponsabilidad con la que se ha votado este proyecto”. “Pensé que podía encontrarme con datos certeros y tampoco los fundamentos tenían los datos que necesitaba para poder acompañar y tampoco con los informes de las autoridades de aplicación. No hay informes del Ministerio de Seguridad y Justicia, incluso la ley tiene un error en el nombre de la autoridad de aplicación. No se le pidió informe a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Provincia ni al Comité contra la Tortura, ni al Ministerio Público de la Defensa, ni al Ministerio Público Fiscal de la Procuración General, tampoco a los Juzgados de Ejecución Penal o a la Cámara Penal del STJ, ni al Servicio Penitenciario, al Centro de Liberados y a las asociaciones civiles que trabajan las condiciones de detención. Es una ley que salió sin estos informes. Existe un protocolo ya, me parece un despropósito. Me preocupa que el proyecto hace afirmaciones que no son contrastadas con datos empíricos sobre la verdadera situación de uso de celulares por parte de personas privadas de libertad”, alertó.
También el diputado Rodrigo Ocampo coincidió con sus pares preopinantes. Reiteró que la limitación “ya está normada por el protocolo”. “Hay que aprender a diferenciar entre la regulación de telefonía celular e internet en establecimientos penitenciarios y la demagogia punitiva que establece esta ley incumpliendo con todos los procesos que se nos exigen a todos los diputados a la hora de aprobar leyes”, rechazó. “Este proyecto carece de informes, es de 2016. Y han cambiado muchas cosas, no solo el nombre de los organismos sino el rol de la justicia respecto a los establecimientos penitenciarios. No es una novedad para los diputados que lo aprobaron, pero lo hacen con una lógica de demagogia, están detrás de los titulares”, apuntó.
Recogió el guante el diputado radical Alejandro Aradas y rechazó que se “mezcle” un protocolo administrativo con la ley sancionada. “Este proyecto es una necesidad de la sociedad. Nosotros estamos acá para atender los problemas de la sociedad, esta situación la vemos a diario”, dijo y recordó que hace un par de semanas se viralizó un video de una golpiza a un detenido con amenazas a su entorno, “en una actitud mafiosa que se realiza desde las cárceles”. “No está funcionando ese protocolo, siguen las estafas desde las cárceles”, sostuvo y remarcó: “Si hemos cometido alguna licencia para aprobar lo que aprobamos, me quedo tranquilo. Si me equivoqué pido disculpas, pero lo volvería a hacer, volvería a votar esta ley de control y restricción de comunicaciones en las cárceles. Estamos en una situación crítica”.
Le siguió en la palabra Luis Obeid. “No voy a aceptar que se me tilde de oportunista político, ni de demagogo político. Hice lo que a mi parecer era lo mejor. Y desde el poder de la palabra, de cambiar “prohibir” por “limitar”, me habilita haber votado esta ley. Pero no voy a aceptar lo otro. Reconozco que transgredí una cuestión esencial: No voy a votar nunca más algo que no tiene informes”, afirmó.
El diputado justicialista Hugo Sager coincidió en que el espíritu de la ley estaba puesto en “avanzar con algo que hoy a la sociedad la conmueve porque hoy las redes sociales ponen en evidencia cuestiones que antes no veíamos”. “Pero cuando vemos que lo que terminamos de votar, no hubo demasiado avance con lo que ya existía. El protocolo es claro en ese sentido”, aseguró. Recordó que el uso de celulares fue solicitado por distintos organismos durante pandemia “y fue de mucha utilidad para la comunicación de los familiares con las personas cumpliendo condena”. “Tomando lo que sucedió favorablemente en la pandemia hizo una recomendación para que se habilite el uso de teléfonos a personas privadas de libertad debido a experiencias exitosas. Y se establece mediante la resolución el regimen de uso que establece limitaciones”, aseguró.
Como dato que obtuvo previo al tratamiento de la normativa sancionada, indicó que 980 personas privadas de libertad hoy están en el ámbito del servicio penitenciario con sus celulares registrados. “Están controlados, limitados”, aseguró. “El protocolo va en ese sentido y lo digo para que los ciudadanos tengan claro y nosotros tengamos claro lo que hemos votado”, sostuvo y apuntó: “Por eso pedí la abstención”.
La titular de la Cámara, Elida Cuesta, también se expresó y afirmó: “Este proyecto de ley que acompañé y lo volvería a hacer tenía preferencia y en labor parlamentaria ya se lo incorporó. Continuamente se ataca el trabajo y la tarea legislativa poniéndonos a todos en un límite de la ilegalidad. Y en el día de hoy también aprobamos otro proyecto que no tenía informes. Lo que vota la mayoría de este cuerpo es lo que vale”, afirmó.
Le continuó el radical Leandro Zdero y aseguró que el tema “es una discusión del momento”. “Quien no sabe que el delito está operando desde las cárceles, que hay estafas, secuestros virtuales, operaciones de narcotráfico, trata de personas”. “Claramente, los que están presos son los ciudadanos. Acompaño este proyecto, lo voté y lo volvería a votar. Este proyecto está desde 2016 y es un tema que está en la agenda pública. No les voy a permitir a los legisladores el tratarnos de oportunistas”, sostuvo.
Despegándose de la presidencia del interbloque, el diputado Atlanto Honcheruk aseguró a título personal que “Argentina está pasando por momentos muy difíciles, la gente pide a gritos seguridad, trabajo, producción y ejemplo de dirigencia política. Es lamentable no lograr un equilibrio con esto y votar por separado, algunos se abstuvieron, algunos votamos a favor de este proyecto que comparto plenamente más allá de que no tenga pertenencia ideológica con el bloque de la oposición”. “Limitar quiere decir que las autoridades judiciales puedan tomar cartas en el asunto de acuerdo a esta ley. No se puede seguir de esta manera, que nos chantajeen desde las cárceles los delincuentes”, observó y lamentó el voto dividido del interbloque Frente de Todos.
El jefe de la bancada radical, Carim Peche, dio lectura a un titular de diario: “Desarticularon banda narco manejada por presos de cárceles de Chaco y Santa Fe”. También brindó datos del Sistema Nacional de Estadísticas y Ejecución de la Pena y señaló que “el 79% de los presos no participa de ningún programa de formación laboral y el 61% no participa de programas educativos”. “Estamos en un problema, es un tema grave. Dicen que no pedimos informes. Y quién le pidió informes a mujeres violadas, a familiares de asesinados, a familiares de quienes robaron. Cuál es la pregunta, tienen más derechos los que delinquen?”.
Por último, previo a que caiga la sesión pro falta de quórum, desde el NePar, Juan José Bergia, recordó que la ley viene de 2016 y previamente fue impulsada por el diputado Raffin. “Uno no puede aceptar algunas cuestiones que se dijeron. Estamos en un Frente de Todos y tenemos la posibilidad de votar de la manera en que estemos convencidos, en base a nuestras convicciones. Se habló mucho de ese protocolo y es una Resolución. En ese momento, el Ministerio argumentó el uso de celulares en época de aislamiento social por la pandemia del covid que permitió garantizar derechos al acceso de información, comunicación, la educación, la salud e inclusive la reinserción laboral y social. Lo que no menciona es cómo se procede para incautar el dispositivo del infractor cuando usa el de otro interno que tiene permitido el uso”, sostuvo. “Quién le va a contestar a esa familia que perdió a su hijo, Cabrera de apellido. Lo habían violado al chico, y adentro se le había sacado el celular (al victimario), y pidió uno prestado para seguir acosándolo hasta que se mató el damnificado. Este tema es de vieja data”, repudió.
“Estamos acá para tratar de darle herramientas suficientes a la gente, para que a todos nos vaya mejor y no solamente a algunos. (…) Lo que hay es una resolución del año 2022 y esta ley tiene fuerza de ley. Está por encima de cualquier resolución. Por eso fue mi voto positivo. Mi respeto a las fuerzas de seguridad, mi comprensión. Mi respeto a los familiares de las personas privadas de libertad, se puede solucionar de muchas maneras. Pero también mi comprensión y mi respeto a todas aquellas personas que fueron damnificadas porque son los que nos interpelan todos los días. De perder a un familiar no se vuelve”, manifestó.
